Dr. Leslie Van Rompaey: El Rol del Juez en las decisiones de amparo por medicamentos.

Publicado por Saluderecho el  24/08/2012

“Los jueces, como guardianes últimos de los derechos humanos, pueden y deben intervenir”.
“El juez debe proteger los derechos humanos y con mayor énfasis cuando se trata de los derechos de los más débiles, de los más pobres.”
“El Juez actúa ante una prescripción médica. En los casos que yo he visto, el juez no solo cuenta con el informe del médico sino que también hay asesoramiento de la Cátedra y de Médicos Forenses.”
“En Uruguay este tema no tiene un impacto relevante en el presupuesto de Salud Pública.”

La voz de Tania, estudiante.

Tania Rey

Estudiante de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho.

Integrante de la Clínica de Litigio Estratégico.

Lo que más me duele es leer que las mentiras llegan a quienes son mis amigos, luchadores natos, que pelean día a día por obtener conquistas sociales, que militan activamente en pos de los derechos humanos y con los que comparto infinidad de valores.

Por ellos, me veo en la obligación de responder algunos comentarios que he leído y que se comparten desde las redes sociales y algunas publicaciones:

1) La campaña para eliminar de la Ley de Presupuesto los artículos que refieren a los medicamentos de alto costo fue iniciada por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. La Clínica no forma parte de la oposición. No sabemos cuál es la inclinación política de cada uno, si somos blancos, colorados, rosados  u oficialistas. Somos estudiantes que pertenecemos a diversas corrientes políticas, que analizamos jurídicamente este proyecto de Ley que a todas luces y desde el inicio, lo único que buscaba era limitar el acceso a los medicamentos y a la Justicia. (más…)

Acceso a medicamentos de alto costo: el deber de buscar una respuesta.

Florencia Cornú
Cuando el Senado vote los artículos 443, 456 y 457 del Proyecto de Ley de Presupuesto en los próximos días, habremos tenido una definición por parte del Estado Uruguayo frente a un problema creciente. Contrario a lo que se pretende plantear, el problema no es la judicialización del acceso a los medicamentos y técnicas de alto costo, el problema es el acceso a prestaciones que los médicos indican como necesarias y que cuentan con respaldo científico a nivel internacional y local. Y la definición a adoptarse será, por ahora,  la respuesta de nuestro sistema al individuo.
Muchos,  ante lo que visualizan como un ataque, salen a la prensa a adjudicar intenciones políticas o comerciales, a sembrar sombras sobre todo el mundo. Para ellos, solo recordar que no respondemos a ningún interés que no sea la defensa de los derechos de los pacientes.
Es interesante notar que la discusión se da en planos totalmente diferentes a aquel en el que se decide: votamos  si le damos rango de ley a condicionar la inclusión de medicamentos a análisis económicos,presupuestales o aún a pautas de organismos internacionales como la OMS. Sin embargo hablamos de otros temas, que, efectivamente, merecerían una discusión profunda.
Rescato si, algunas cosas positivas de lo que viene sucediendo:
Por primera vez en muchos años, el tema ha recibido la atención de nuestros dirigentes políticos. Muchos, seguramente, es el primer contacto que tienen con una situación que lleva años sin resolverse.
La prensa ha dedicado espacios para la discusión y la difusión . Con distintos niveles de profundidad,  ha cumplido un rol importante a la hora de difundir la problemática.
Se hacen planteos concretos: es esperable que el gobierno los analice y que, si los descarta, ofrezca alternativas.
El Presidente dijo en una carta pública que seguirá en este tema lo que digan los que están calificados para opinar. Eso es una buena noticia para todos aquellos que precisan medicamentos no incorporados al FTM que tienen el aval de nuestras cátedras y que, aún así, son rechazados (con argumentos similares a los que se esbozan en la ley de presupuesto: impacto presupuestal o costo).
Este año, el Ministerio de Salud Pública, por primera vez desde el 2010, analiza casos individuales de pacientes que, habiendo comenzado el tratamiento, pierden la sentencia de segunda instancia. Cuando el paciente demuestra,que ha obtenido el  resultado esperable, el MSP continúa su tratamiento sujeto a la evolución. Esto, que comenzó bajo la forma de excepciones, parece que se va transformando en un criterio, que aplaudimos porque protege al paciente. Lamentablemente, no se hace bajo ningún procedimiento pre establecido y hay que pasar por la penosa instancia judicial para poder llegar a esto. Lo que hemos pedido durante años es que este mismo análisis se haga, pero antes del juicio. Si el MSP, u otro organismo, analizara seriamente las solicitudes administrativas que se presentan antes de todos los juicios de amparo y concediera la administración de medicamentos no incluidos pero que tienen suficiente aval técnico, sujeto a resultados, la cifra de juicios descendería sustancialmente. Esa es una manera de protegerse frente al litigio pero sin desproteger a los pacientes.
En la discusión de la Cámara de Diputados, varios legisladores, entre ellos el Diputado Gallo, mencionaron que hoy existen problemas en la actualización del FTM. Esos problemas son vidas,personas que no reciben lo que necesitan y a las que las explicaciones de por qué las cosas no funcionan como tienen que funcionar no les aporta ninguna mejoría. Lo cierto es que la última incorporación de medicamentos al FTM se realizó en el 2013. No se le querrá llamar a eso “congelamiento”, no hay problema,  se le puede dar el nombre que se quiera y justificar de mil maneras. Lo cierto es que excede el plazo reglamentario de 1 año (que ya es bastante largo).
Ha circulado un cuadro comparativo con los medicamentos proporcionados por el FNR y aquellos suministrados en otros países. En primer lugar, debe decirse que las obligaciones del Estado Uruguayo con quienes carecen de recursos suficientes no son comparativas. La Constitución no dice: el Estado suministrará, a quienes carecen de recursos suficientes, los medios de atención que determine la OMS o que el Estado tal o cual le brinde a sus ciudadanos. No lo dice. Tampoco los pactos internacionales lo señalan. Lo que dicen es que el Estado reconoce el derecho de las personas del màs alto nivel posible de disfrute de salud fìsica y mental y que tiene el deber de crear condiciones de asistencia médica para todos. Las condiciones y el alcance dependen de cada país, de sus posibilidades, de sus recursos. Creemos, realmente, que nuestro sistema cumple con asegurar las máximas condiciones posibles de acceso a tratamientos para todos?  (más…)