Hipocresía y Derechos Humanos

Compartimos fragmento de la columna de Hoenir  Sarthou en Semanario Voces, en lo que respecta a los  tres artículos de la ley de presupuesto que regulan sobre acceso a medicamentos de alto costo.
Lamentablemente, las previsiones que el autor hacía mientras la escribía, se confirmaron: 50 diputados del oficialismo levantaron su mano en la madrugada del miércoles para “colaborar” con su Ministerio de Salud Pública con herramientas para limitar el acceso a los medicamentos de alto costo en directo perjuicio del derecho de los pacientes a la salud y la vida. Los artículos han cambiado en su numeración ( hoy son 443, 456 y 457) pero no en su esencia ni en su finalidad.  ( VER DISCUSIÓN PARLAMENTARIA)
“En la noche del martes, mientras escribo esta nota, en el Parlamento se discute el proyecto de Presupuesto Nacional.
Pese al rechazo público que han causado, se someterán a votación los artículos 425, 438 y 439 del Proyecto, que limitan seriamente la obligación del sistema de salud de suministrar medicamentos y tratamientos terapéuticos de alto costo a quienes no puedan pagarlos.
Esos artículos han sido objeto de serios cuestionamientos por parte del Sindicato Médico del Uruguay y del Consejo de la Facultad de Derecho, así como de muy duras críticas de jueces y abogados especializados en derechos humanos. Sin embargo, el gobierno parece resuelto a seguir adelante con una política que supedita expresamente el suministro de medicamentos y de tratamientos médicos a consideraciones financieras y presupuestales.
Desde luego, aunque el Parlamento los apruebe, esos artículos son inconstitucionales. Lo son en lo sustancial, porque la Constitución le impone al Estado la obligación de proporcionar gratuitamente los medios de prevención y tratamiento sanitario a los indigentes o carentes de recursos suficientes; y lo son también en lo formal, porque la Constitución prohíbe que en las leyes de presupuesto se incluyan de contrabando normas no presupuestales. Entonces, incluir en una ley de presupuesto disposiciones que recortan derechos fundamentales es escandalosa y doblemente inconstitucional.
Lo paradójico es que esto ocurra en una época en que se suele hacer gárgaras con el discurso de “los derechos”, en general, y con el de “los Derechos Humanos” en particular. ”
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