La responsabilidad de la protección de los pacientes y los dichos de Muniz y Bagnulo

Florencia Cornú

La judicialización del acceso a medicamentos es consecuencia del incumplimiento del Estado en asegurar la protección del derecho a la salud para todos los habitantes. Contrariamente a lo que se sostiene, no es el mal a combatir, sino el signo de que la respuesta organizada no resulta suficiente.

Las autoridades pueden elegir trabajar en el amparo o en la línea de justificar a cualquier costo el desamparo. La Dra. Muniz parece estar decidida a hacer lo segundo, ya que ha mostrado durante su gestión como ministra que fue incapaz de lo primero.

En una nota de Carlos Tapia, publicada en el diario EL PAIS del día 12 de diciembre, la Dra. dice:  “Presumo que los laboratorios financian los juicios por medicamento… sí, sí, totalmente”…”No sólo de forma directa, sino también a través de los propios médicos que indican esos medicamentos. Son médicos que tienen becas y vacaciones, que son financiadas por los laboratorios. De una u otra forma están financiando (los juicios)”, insistió la jerarca.

Así, de un plumazo, la Dra. Muniz embiste contra los abogados que representamos a los pacientes y contra los médicos que indican los medicamentos que el Ministerio de Salud Pública, con diversos argumentos o, en algunos  casos, sin argumentos, niega a los pacientes.

Las Cátedras, que diseñan las pautas en donde se incluyen los tratamientos que el MSP niega  deberían  manifestarse enérgicamente acerca de estas afirmaciones,  porque ponen en tela de juicio la actividad científica que realizan, dinamitan la relación médico –  paciente y  extienden una base de desconfianza acerca de la indicación de los profesionales actuantes. La Dra. Muniz no es cualquier jerarca:  ocupa desde hace años un lugar de jerarquía dentro del sistema de salud ( Debe recordarse que ya se había pronunciado en igual sentido cuando era siendo ministra y fue la firmante de la mentada y sui generis Ordenanza No.86 del 27 de febrero de 2015).

Por otra parte, los abogados que hemos representado pacientes, también debemos exigir explicaciones: La ex ministra dice que “presume” que los abogados son financiados por laboratorios. Pues bien: que deje de “presumir” y, si tiene pruebas, denuncie. Sin embargo yo no creo que la Dra. conozca esta situación, creo que impunemente “presume” y cuenta con que la indeterminación con la que habla la sustraerán de responder de sus dichos. Creo que la Dra., igual que el Dr. Bagnulo, componen la realidad que mejor justifica su postura, pretendiendo con ello eludir su responsabilidad. Este último, que si bien no tiene en este momento responsabilidad institucional, pero que es un referente en el ámbito de la administración de salud ha dicho: “Está demostrado que algunos de los abogados patrocinantes tienen vínculos muy directos con las empresas farmacéuticas. Actúan reiteradamente, en las mismas situaciones, los mismos abogados. Se conoce, en algunos casos, no quiero generalizar, que hay una vinculación con la industria farmacéutica.”  (Nota de EL PAIS del día 31 de Enero de 2014) Con respecto al Dr. Bagnulo, me confundo: cuando dice “está demostrado” parece implicar que tiene pruebas. Sin embargo, del desarrollo posterior parece surgir que su certeza deviene de que los nombres de los abogados se repiten en las diversas actuaciones…Si este es el rigor en el razonamiento, la cosa es grave. Hay que explicarle al Dr. Bagnulo, parece, que las razones por las que los nombres se repiten son variadas y no implican necesariamente cosas turbias. A modo de ejemplo: los nombres se repiten porque los pacientes buscan abogados que tengan actuación previa en el tema, dado que, como en cualquier área de actividad, la experiencia es beneficiosa y el costo de la inexperiencia, en un caso como este, puede ser el dejar a un paciente sin la medicación que necesita. Esto hace que incluso los colegas, cuando se enfrentan a su primer amparo, acudan a otros ya sea en consulta o para que gestionen el caso. Eso se llama responsabilidad, Dr. Bagnulo y no tiene  nada que ver con el apoyo de la industria farmacéutica. Un dato, que no es menor es que entre algunos de esos nombres que se repiten y se repiten, lo que se encuentra no es un grupo de gente actuando en complot con la industria sino abogados  que encaran su tarea con profesionalismo, humanismo, compromiso y sin afán de lucro, brindando sus servicios con el mismo ahínco a quienes pueden pagarles y a quienes carecen de medios para hacerlo.

Lo que Muniz , como jerarca actual y ex ministra, parece no  entender es que,si las cosas fueran como ella “cree” que son, sería cómplice de una estafa a la población y su inacción a ese respecto  la hace directamente responsable.

Quién protege a los pacientes que, según sus palabras, son erróneamente inducidos a creer que un medicamento puede otorgarle beneficio?

Entonces, hay dos opciones: o la Dra. no cree lo que dice, aunque le viene bien para llevar agua a su molino, inventando demonios o, se queda en la comodidad de creer e incumple con su deber de denunciar y regular adecuadamente la situación, protegiendo tanto a quienes no pueden acceder a los tratamientos médicos como a aquellos que pueden hacerlo por si mismos.

Porque tan grave como negar los tratamientos necesarios sería omitir investigar la prescripción innecesaria.