Si quienes tienen la responsabilidad de regular la igualdad de oportunidades en el acceso a las prestaciones médicas se escudan en otras desigualdades que tampoco son capaces de subsanar, entonces tenemos gobernantes que no entienden que los sistemas no existen para justificar sus incapacidades sino para poner los recursos de todos al servicio de la gente.
Es muy sencillo decir que el Estado debe priorizar, que los recursos son finitos. Atrás de ese razonamiento tan lógico podríamos parapetarnos cómodamente todos y dejar las cosas como están.
Sin embargo deberíamos poder demostrar, primero, que todos los recursos son utilizados eficientemente. No es así en el gasto público general y, mucho menos, es así en el gasto de Salud Pública.
No se trata aquí de que los abogados pretendamos judicializar la medicina, ni que los jueces pretendan ingerir en las políticas públicas de salud: todos quienes estamos en esto pedimos trabajar  por soluciones  reales, que dejen de convertir el acceso a la medicación en el periplo desgastante y desgarrador que representa el juicio para un paciente.
Sin embargo, las autoridades continúan encerradas en  la defensa formal de los procedimientos creados por ellas mismas.
Cualquiera puede entender que para todo gasto hay un límite, eso es sencillo. Ahora, lo que exigimos es que el límite no sea puesto con arbitrariedad, desconocimiento, inercia o abandono.
Más aún, tanto no es cierto que se trate de un problema de recursos que el Estado está dispuesto a financiar tratamientos que son  más caros que aquellos que resultan más efectivos para el paciente, dada su situación concreta, simplemente por el hecho de no haberlos considerado en su análisis general. (Caso PAZOPANIB vs SORAFENIB o SUNITINIB). Quedó demostrado en juicio que el medicamento solicitado cuesta la mitad que el que está incluido. NADA PASO.
Llevamos decenas de  amparos en los que se condena al MSP a suministrar CETUXIMAB, el Estado ha debido gastar cifras millonarias y sin embargo el medicamento sigue sin incluirse dentro de las prestaciones financiadas por el FNR.
Se incluyen medicamentos con indicación de uso para unas enfermedades y no para otras, conscientes de que tienen similares niveles de eficacia para ambas (CASO SORAFENIB o RITUXIMAB).
Se está dispuesto a gastar cifras enormes en transplantes de médula pero no cifras mucho más reducidas en medicación  que ayude a controlarla(CASO LEUCEMIA LINFOIDE y RITUXIMAB).
Se está dispuesto a que una mujer de 26 años, a que una madre de 3 hijos chicos, a que un padre de 40 años mueran, sabiendo que existe una opción terapéutica disponible a los que pueden pagarla, sin atender el hecho incontrastable de que muchos de quienes la usaron lograron una mejoría en la calidad de vida y una prolongación de la vida.
Y ahí dicen que es un golpe bajo, que apelo a la emoción: Los ojos de L., las manos de W., las ganas de J. tal vez sean para mi una emoción que invade e impulsa, pero sus vidas no son solo una emoción,  son una realidad que quienes deciden están en la obligación de atender para cumplir realmente con los cometidos que les fueron asignados.
Mientras tanto los pacientes esperan, los que pueden rezan, para que el sorteo del Tribunal de Apelaciones salgan estos y no aquellos. Y si sale mal, para que el sorteo que integre las discordias recaigan, en el orden correcto, sobre uno o dos de  los 16 ministros que amparan y no sobre los 5 que revocan. Cualquier parecido con un sistema universal, equilibrado y justo de acceso a las prestaciones médicas es pura coincidencia.