Publicado en ECOS de EL PAIS 16-12-2015
Presidenta de ASSE
@| Vergüenza debería tener la presidenta de ASSE.
Después de leer las declaraciones de la presidenta de ASSE del día 12/12, la señora… porque es una vergüenza para el colectivo médico decirle doctora, me veo obligado a hacer algunas precisiones sobre sus dichos.
La señora dice que a los médicos los laboratorios nos pagan becas y vacaciones para que recetemos medicaciones de alto costo.
Es que esta señora seguramente pretende que siguiendo los lineamientos de la mediocridad que caracterizó a su ministerio, los médicos no sigamos actualizándonos y desconozcamos los últimos tratamientos oncológicos que son la consecuencia de estudios clínicos internacionales, porque eso le resulta muy caro a ASSE y al MSP (la ignorancia le conviene).
Entonces, renegando del espíritu de superación que por suerte los profesionales que aún seguimos creyendo en la ciencia y no en los dogmas tenemos, no duda en tratarnos de coimeros. ¡Qué vergüenza señora y qué falta de ética!
Me permito recordarle que en una oportunidad ASSE le adjudicó una medicación de alto costo a un paciente que la requería sin realizar un recurso de amparo (otros tuvieron que judicializar su pedido, como usted dice) y ese rápido trámite se debió a que era funcionario de Adeom. ¡Qué vergüenza! Y los médicos somos pagos por los laboratorios…
Me permito recordarle también, que en oportunidad de que un paciente solicitara medicación oncológica por un recurso de amparo, un Tribunal de Apelaciones le revocó la sentencia y le fue retirada la misma, pero, afortunadamente para el paciente, el MSP se la siguió suministrando porque este paciente tiene lazos familiares con un personaje político.
¡Qué vergüenza! Y los médicos somos pagos por los laboratorios…
Lávese la boca señora antes de hablar de los médicos y busque a los corruptos en su entorno y no fuera de él.
Las declaraciones del Dr. Bagnulo: de grave a muy grave.
Bajo el titular “Mafia médica:la mitad de los medicamentos son inocuos. Homero Bagnulo lanza serias acusaciones contra el complejo médico industrial”, El OBSERVADOR presenta una nota el día 12 de diciembre.
En ella, el Dr. Homero Bagnulo, que fuera presidente del FNR hace diversas afirmaciones, algunas de las cuales no estoy en posición de rebatir, puesto que carezco de la información o formación para hacerlo,pero que me obligan a dejar algunas preguntas planteadas.
Dice, por ejemplo, que el fenómeno del reclamo judicial por medicamentos de alto costo es provocado por la incidencia de la industria farmacéutica. Atribuye esto a la mercantilización de la medicina y entiende que hay responsabilidades de los médicos y del sistema.
En su planteo se mezclan cuestiones filosóficas, como la negación de la muerte con otras que son eminentemente científicas o médicas, como la forma en que deben tratarse los pacientes .
En esta segunda vertiente del planteo, la científica hace diversas afirmaciones que conviene analizar por separado.
Por ejemplo, sugiere que, si en vez de realizarse tratamientos con quimioterapia o radioterapia se practicaran cuidados paliativos para tratar los síntomas de la enfermedad, los pacientes podrían mejorar su calidad de vida y tener una sobrevida más extendida.
La primera discusión, la filosófica, no voy a abordarla. Pero la segunda, me parece sustancial. En mi calidad de abogada o ciudadana no estoy en condiciones de decir si lo que dice Bagnulo es correcto pero, dado que no tengo ningún interés en promover los juicios por medicamentos de alto costo, ni vinculación alguna con la industria y mi objetivo ha sido,es y será, abogar por la protección de los derechos fundamentales de los pacientes (independientemente de si esa protección proviene de la administración de un medicamento determinado) me permito trabajar,provisionalmente, sobre la hipótesis de que lo sea.
Entonces, si esto es así, si hay tratamientos paliativos que podrían darse para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ellos no se proveen a los pacientes, sea porque las instituciones no los brindan o los médicos no los indican, hay un grave déficit en el sistema.
El MSP tiene el deber de regular el acceso a los tratamientos médicos (tanto aquellos de alto costo como los que tienen un costo insignificante) Qué significa que las instituciones “no los tienen”? Que el MSP no los ha incluido dentro de las prestaciones obligatorias o que las instituciones los niegan estando incluidos? O incumple el Estado en regular o incumplen los prestadores en proveer.
Si el problema es que los médicos no los indican porque no saben cómo usarlos, entonces tenemos un problema grave de formación. Para qué están las Cátedras de la Facultad de Medicina? Quién, en este país, es el encargado de determinar las pautas y las mejores prácticas para los tratamiento de las diversas enfermedades? Hemos claudicado y dejado esta formación y orientación librada al impulso particular de la industria farmacéutica? De nuevo: quién es responsable de esto?
Hay un dato que le Dr.Bagnulo está pasando por alto y es que el médico tiene la obligación de informar al paciente acerca de las alternativas de tratamiento. Si existen cuidados paliativos que son los más recomendados y no son informados, sino que, por el contrario, se ofrecen otros con menor resultado y mayor costo, el médico incurre en una violación directa de la ley.
Quién tiene que denunciar esto? Los pacientes y sus abogados, que desconocemos la ciencia médica o los médicos, como él, que poseen aparentemente esta información? Dónde está radicada la denuncia del Dr. Bagnulo? En el Ministerio de Salud Pública? En las Cátedras de la Facultad de Medicina? En el Colegio Médico? Si tiene oportunidad de leer estas líneas, le agradeceré me facilite el número de expediente y, con mucho gusto haré su seguimiento.
El extitular del FNR señaló que muchas veces esos medicamentos que se reclaman “no tienen pruebas, estudios suficientes, ni evidencia, y rápidamente son introducidos al mercado”.
En este punto, no pudo resistir la tentación de la generalización: suponiendo que esto sea cierto, que hay medicamentos introducidos al mercado sin adecuados niveles de evidencia, debemos recordar que es el MSP quien autoriza su entrada al mercado. Entonces, según sus dichos, tenemos medicamentos que no aportan beneficios, pero que se venden, aunque no estén incluidos en el FTM. Y, entonces, me pregunto: quién protege a los ricos? Porque, si se me disculpa el atrevimiento, no creo que existan medicamentos inocuos para tratamientos oncológicos: si no benefician, perjudican. Quién le dice a esos pacientes, que tienen recursos propios o a aquel que vendió o hipotecó su casa o hizo una colecta, que ese medicamento que el MSP autorizó y que el médico le está indicando, en realidad no le va a producir ninguna mejora?
Bagnulo dijo que un exgerente de la industria farmacéutica reveló que en 2002 hubo un encuentro en el que se diseñó una estrategia para fomentar la judicialización de los reclamos y un agrupamiento de pacientes vinculados a sus enfermedades.
Como luego comienza a hablar de Londres, me ha quedado la duda de si ese exgerente al que se refiere es alguien en el medio local o está hablando de algo a nivel mundial. El Dr. Bagnulo participa de la extendida práctica de comentar cosas que le han contado, como varios de sus colegas en el Parlamento o en la Administración y no da nombres ni de personas o de empresas. Una se queda perpleja, pensando: quién nos protege de estos individuos, que aparentemente tienen estrategias para promover la manipulación de enfermos, abogados, médicos, cátedras y jueces en pos de sus intereses comerciales?
Si las cosas son como el Dr. Bagnulo las plantea, estamos mucho peor de lo que creemos, a merced de la industria y sin protección alguna por parte del Estado,que autoriza la venta de sus medicamentos, no controla la formación de los profesionales ni la información que se le brinda a los pacientes. Si aún no ha resultado claro, lo menciono ahora: los tres artículos que se incluyeron en la Ley de Presupuesto no están diseñados para protegernos de la industria sino para proteger al MSP de las condenas a las que su inoperancia lo exponen.
“Hubo un caso muy famoso de alguien al que se le negó la medicación y luego se le aportó; a esa persona se le había negado porque la medicación no tendría efecto y la persona falleció a los meses exactos en los que se pronosticaba sin la medicación, en ese caso la medicación fue inocua”.
No soy médica, creo que ya lo he mencionado varias veces, pero me pregunto si es lo mismo proporcionar un tratamiento tempestivamente, en el momento indicado, que luego de haber pasado meses sin medicación, expuesto al progreso de la enfermedad y sujeto a la tensión de saberse limitado en el acceso a los recursos necesarios. Fue realmente inocua la medicación o se otorgó tarde?
Reitero lo del inicio: no tengo la formación para saber si algunas de las cosas que dice el Dr. Bagnulo es cierta o no, no tengo el menor interés en promover a la industria farmacéutica pero lo que he visto en mi práctica como abogada es la utilización de discursos similares al de Bagnulo para justificar la incapacidad de cumplir con los cometidos constitucionales del Estado, sin percatarse que plantear esa línea argumental y no tomar acciones concretas para combatir lo que se denuncia vagamente, constituye en si mismo otro incumplimiento. De grave a muy grave.
Florencia Cornú – Abogada- Conflicto de interés: NINGUNO.
Elizabeth y María José: dos razones para que el Senado no vote los 3 artículos en la Ley de Presupuesto
Dos mujeres, dos realidades muy distintas pero marcadas por la misma experiencia:
A Elizabeth le negaban un tratamiento que, meses más tarde, fue incluido. Tuvo que mover cielo y tierra, conseguir un abogado y hacer un juicio para tener una oportunidad.
A María José le siguen negando la posibilidad de detener la progresión de su enfermedad.
Si se votan estos tres artículos, no habremos hecho nada por ellas.
Informe de Juan Gari en EL PAIS.
Solo hay que escuchar.
Las cartas al presidente funcionan
EL OBSERVADOR informa que ,afortunadamente, el gobierno ha decidido retomar el suministro del medicamento PERTUZUMAB a la paciente que, desde hace meses,espera por la resolución administrativa de su caso.
La solución del caso concreto deja abierta, de todas formas, la cuestión de los procedimientos elegidos para hacer efectiva la protección del derecho a la salud de la compareciente: se la hizo transitar desde el mes de mayo por dos instancias judiciales, una petición administrativa y una carta al Presidente. Finalmente, se decide entregar el medicamento que se negó, sin estudiar el caso, en el mes de mayo.
Cuánto tiempo, imprescindible, en el tratamiento de esta paciente se perdió?
Cuántos recursos se malgastaron? Se habla del costo “imposible” de los medicamentos, pero cuántos recursos de la sociedad se fueron en gastos de abogados, tanto del MSP, FNR como de la paciente, jueces, secretarios letrados, administrativos judiciales, alguaciles, peritos, que intervinieron en los procedimientos?
Por último y, sin dejar de reconocer cuánto me alegra la decisión del MSP de continuar el tratamiento: se dan cuenta los legisladores que votarán la Ley de Presupuesto y los jueces que están llamados a decidir en los casos concretos, que el Ministerio de Salud Pública actúa en directa contradicción con las normas que propone?
Porque, al tiempo que, por la vía de darle rango legal a los requisitos para la inclusión de tratamientos en los planes integrales, pretende destruir la “ilegitimidad manifiesta” que supone negar un medicamento necesario a quien carece de recursos suficientes, sigue haciendo excepciones que no están fundadas en reglamentación alguna y para las que no propone un procedimiento transparente, claro, objetivo, breve, que pueda ahorrarle a los pacientes y a la sociedad, el angustiante y costoso periplo judicial. Debe notarse que llevó el mismo tiempo dilucidar dos instancias judiciales que arribar a la solución administrativa a la que el MSP ha llegado aparentemente en el día de ayer…
Es hora de actuar con seriedad: que se retiren los artículos que buscan limitar el acceso a los medicamentos de alto costo por la vía de limitar el acceso a la justicia y que se piense en una solución integral, escuchando a todos los involucrados, abiertos a la posibilidad de encarar el problema del acceso desde diferentes perspectivas, sin perder de vista que el objetivo debe ser la protección de los derechos fundamentales a la salud, la vida y la justicia, asegurando, tal como manda la Constitución, los medios de tratamiento a quienes carecen de recursos suficientes.
En EL PAIS de hoy, los testimonios de Elizabeth y María José en un informe de Juan Gari.
Solo hay que escuchar.
Qué le respondemos a este hombre?
Florencia Cornú
Hoy, el Diario EL OBSERVADOR, recoge en una nota que el esposo de una paciente envió una carta al Presidente Tabaré Vázquez, solicitando se le permita realizar trabajos comunitarios para colaborar en cubrir el costo del tratamiento de su esposa, de 32 años, portadora de cáncer de mama.
La situación la reflejamos hace unos días, cuando compartimos con ustedes otra nota, de EL DIARIO EL PAIS, en la que se relataba que esta misma paciente pudo iniciar su tratamiento y demostrar su eficacia, pero debió interrumpirlo al dictarse sentencia del Tribunal de Apelaciones de 5to. Turno , que le fue desfavorable. Desde hace meses se ha solicitado la revisión del caso por el MSP, sin respuesta.Su abogada, Carolina Rebagliatti, afirma que “Me dicen que hace un mes lo está evaluando quien los asesora a ellos desde el punto de vista técnico, que es la grado 5 de la cátedra (de Facultad de Medicina), pero el otro día fui a ver si se había expedido y me dicen que se fue a un congreso. ”
El MSP, desde que asumió la nueva administración, comenzó a estudiar caso a caso las solicitudes en los que gana la segunda instancia (es decir, en los que los tribunales decidieron no darle la razón al paciente y en los que, por lo tanto, no está obligado a suministrar el medicamento). Y, si las excepciones no son arbitrarias, está muy bien: cuando un paciente ha comenzado un tratamiento que ha sido efectivo, parece inmoral interrumpirlo. Sin embargo, como todas las cosas hechas en forma improvisada, no funcionan bien. Si la persona que analiza todas las excepciones es la Dra. Delgado, Catedrática de la Clínica de Oncología Médica, Presidente Alterna del Fondo Nacional de Recursos, médica en ejercicio, es evidente que no es humanamente posible que las solicitudes sean atendidas a tiempo. Un mes o dos en el tratamiento de una enferma de cáncer es un lujo que nadie puede darse.
Renglón aparte merece la oportunidad en la que el análisis se hace: en vez de suceder cuando los pacientes presentan la solicitud administrativa ante el MSP, esto es ANTES de iniciar la Acción de Amparo, la evaluación se hace después de transitadas dos instancias judiciales. De esta manera, se pierde tiempo del paciente y recursos de la sociedad.
Polémica por retiro de medicamento a paciente. Comentario a nota de EL PAIS 24-11-15
En el Diario El País de hoy se recoge una situación, una más, que ilustra la situación de los pacientes que requieren medicamentos de alto costo.
Esta paciente empezó a recibir el medicamento, ganó una acción de amparo en primera instancia, y luego revocaron la sentencia en segunda instancia, y se quedó sin acceso al medicamento. Hoy hace aproximadamente tres meses que no lo toma, explicó a El País la abogada de la paciente. Hace unos días, el diputado Lema propuso formar una comisión en el MSP que estudiara los casos y definiera un criterio de aplicación para conceder el acceso a ese tipo de medicamento. Según el legislador, “hoy se trata desigualmente y con injusticia a los pacientes”. Ver nota completa
En este caso, la paciente de 32 años, en virtud de la indicación médica y de la opinión de varios especialistas, que entienden que debe tratarse con el medicamento PERTUZUMAB, lo solicita judicialmente en el mes de mayo de 2015. Gana la primera instancia y comienza a recibirlo. En julio de 2015 pierde la segunda instancia y el MSP deja de suministrarlo. En conocimiento de que el MSP ha hecho otras excepciones en casos similares a los de la paciente, pide se contemple su situación, analizándose el progreso obtenido bajo la medicación en el lapso recibido. Como otros pacientes, aún permanece sin respuesta. Desconocemos las razones para el silencio pero es muestra, una vez más, de la situación de inequidad y de la desprotección en la que se encuentran las personas que requieren medicamentos de alto costo.
El medicamento está autorizado para comercializarse. Quien lo puede pagar, lo tiene. El propio Diputado Gallo, en su intervención en la Cámara de Representantes, ha reconocido su aporte a la prolongación de la vida de las pacientes que tienen indicación de recibirlo. Y el medicamento está indicado para la paciente: así lo establece no solo su médico tratante sino la pericia realizada en autos.
El Tribunal de Apelaciones de 5 ° Turno, que recovó la sentencia de primera instancia (ver sentencia) en el mes de julio, ha basado su decisión en el la inexistencia de la ilegitimidad manifiesta en el obrar del MSP en tanto actúa conforme a los decretos reglamentarios que él mismo ha dictado. Es una característica de buena parte de la jurisprudencia de este TAC el valorar formalmente este elemento requisito de la Acción de Amparo en relación al marco reglamentario y no en relación a la gravedad del menoscabo de los derechos fundamentales que se vulneran.
Tal vez no haya tenido incidencia en el dispositivo, pero es interesante leer en la Sentencia que el TAC 5 recoge que ” se informó por las autoridades declarantes que se halla en pleno curso la tarea de recabar datos y opiniones, diseñar Protocolos, etc, para presentar en setiembre el F.T.M. actualizado”. Hoy es 24 de Noviembre de 2015″. La última incorporación de un medicamento al Anexo 3 del FTM es de Noviembre de 2013. Los comentarios sobran pero tal vez ayude a que los Tribunales que hacen evaluaciones formales de la legitimidad del accionar del MSP valoren la historia de falta de diligencia en el cumplimiento de las normas y pautas que ellos mismos se dictan.
Luego de muchos años de no haber ingresado al estudio de ninguna excepción (la última de la que tengo conocimiento por parte del MSP es del año 2010), en el corriente año el Ministerio de Salud Pública ha accedido a estudiar algunos casos concretos, luego de que la sentencia de segunda instancia hubiera revocado la condena.
Desde nuestro lugar, no cuestionamos el análisis caso a caso ( aunque si su oportunidad: sería ideal que se realizara ANTES, para evitar la judicialización de los problemas de acceso). Lo que sería fundamental, tanto antes como después, es que los casos se analicen con transparencia. No se comprende cómo, ante una situación de urgencia como esta y luego de haber presentado ante las autoridades toda la documentación requerida, se puede dejar a una paciente por meses en la incertidumbre. Sin una respuesta favorable ni negativa, simplemente en la incertidumbre.
Ante casos como el que se plantean, los que defienden la inclusión en el Presupuesto Nacional de tres artículos para limitar el acceso a tratamientos mediante el proceso judicial, dan respuestas variadas :
- Antes del año 2005 el FNR no suministraba medicamentos de alto costo.
- Hay que cuidar el FNR, no se puede dar todo a todos.
- Estamos estudiando la compra conjunta con UNASUR.
- Estamos evaluando la utilización de técnicas de riesgo compartido.
- La industria farmacéutica es la que induce la demanda de medicamentos de alto costo.
- Los abogados crean la industria de la demanda por medicamentos.
Como vemos tan son variadas como inconducentes, inefectivas o extemporáneas para proteger el derecho a la salud y la vida de las personas, que debe ampararse aquí y ahora. No en el 2005 cuando no había medicamentos de cargo del FNR en el FTM; no el año que viene, cuando se efectivice la compra conjunta con UNASUR: Hoy.
Acceso a medicamentos. Guillermo Fuentes en LA DIARIA
Compartimos con ustedes fragmentos de la columna de Guillermo Fuentes, publicada en LA DIARIA el viernes 20 de Noviembre de 2015.
Acceder a la nota completa
Destacamos:
- “Si el problema fundamental es de recursos, ¿no sería conveniente revisar los puntos más regresivos del esquema de financiamiento, como la devolución de aportes al Fonasa a las rentas más altas?”
- “Incluso manteniendo ese carácter dual de financiamiento, ¿por qué no avanzar hacia copagos diferenciales según ingresos, volviendo más solidario el sistema?”
- “Por otra parte, si se vuelve la mirada a las capacidades regulatorias del MSP y cómo éste ejerce la rectoría, la situación actual refleja algunos problemas que atentan justamente contra los principios de equidad e igualdad que rigen formalmente al sistema, al tiempo que incentivan la judicialización de éste.”
- “En definitiva, ya sea por afinidad con la situación actual o por incapacidad de adoptar posiciones compartidas, el proceso de reforma del sistema de salud se encuentra en una peligrosa parálisis. Peor aun, los movimientos de las nuevas autoridades parecen estar más en línea con los intereses de algunos actores que actúan con lógica de mercado, que con los principios y actores más cercanos a la profundización y cumplimiento de los principios constitutivos del SNIS. Este congelamiento del debate difícilmente pueda superarse mientras aspectos particulares no sean problematizados en clave de sistema.“
Debate Diputados Luis Gallo y Martín Lema
El día 17 de Noviembre, en el Programa “No toquen nada ” de Oceano FM se llevó a cabo un debate entre los Diputados Luis Gallo (Frente Amplio) y Martín Lema (Partido Nacional),en referencia a los artículos de la Ley de Presupuesto que regulan el acceso a los medicamentos de alto costo.
Compartimos con ustedes el link la audición completa y nos permitimos destacar algunos aspectos, que entendemos deberían ser el punto de partida de una discusión integral, llevada adelante con una convocatoria amplia y sin perder de vista el objetivo fundamental, que debe ser asegurar el acceso a los medios de atención de la salud a todos los uruguayos, en sintonía con las disposiciones constitucionales y las obligaciones asumidas por el Uruguay a nivel internacional.
Ambos diputados coincidieron en la necesidad de mejorar el sistema de actualización de FTM que ha demostrado ser insuficiente para responder a las necesidades de los pacientes: se actualiza mal, tarde y sin hacer transparentes la discusión que lleva a la priorización de unos tratamientos sobre otros.
La situación actual conduce a consolidar la desigualdad de la población en cuanto al acceso a los medicamentos no incluidos en el FTM: quien tiene dinero puede adquirirlos y quien no, debe recurrir a la justicia o resignarse a no recibirlos.
Ambos han coincidido en la necesidad de que se utilicen diversas herramientas para mejorar las condiciones de acceso: técnicas de riesgo compartido, compra conjunta, mejora en la gestión del FTM, evaluar casos concretos, de manera de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Hay mucho por hacer, pero los pacientes tienen poco tiempo.
LA DIARIA: No siempre es la panacea 11-11-2015
LA DIARIA en una nota de hoy (ver completa) titula, o editorializa: “No siempre es la panacea”. Esta expresión muestra el estado de la discusión, que, por científica que se quiera plantear siempre ronda en frases similares: “no siempre curan”, ” algunos médicos recetan presionados por la industria”, “hay abogados a sueldo de los laboratorios”.
A eso se le suman, esta vez, la presentación de cifras “traspoladas” de un evento internacional al que concurrió la Dra. Delgado. Cifras que, por otra parte, manejó también el Dr. Gallo en su presentación en el Parlamento, pero con algunas diferencias tanto a nivel de costos como de sobre vida de los pacientes. Habrá que ver cuáles son las correctas y cuáles se fueron transformando por transmisión oral.
Lo interesante de la discusión que se plantea es que en el Parlamento se discuten los artículos 443, 456 y 457 que limitan el acceso a la justicia, no conducen ni a la protección de los pacientes ni a mejorar el sistema de salud los ” expertos defendieron los límites a los medicamentos de alto costo y cuestionan a la industria.” Estamos en universos paralelos: votamos sobre una cosa y discutimos sobre otra.
Seguimos sin entender: si el cuestionamiento es a la industria, por qué se limita el acceso a medicamentos de los pacientes?
Alarico Rodríguez, del FNR ” Citó una encuesta hecha en Canadá a médicos prescriptores de medicamentos de alto costo, en la que 51% respondió que los fármacos no aportaban nada nuevo y 14% dijo que no eran aceptables. Otra investigación, publicada en British Medical Journal, que evaluó 2.329 tratamientos, concluyó que sólo 15% eran demostradamente beneficiosos y 48% presentaban efectividad desconocida.”
Si es verdad que hay medicamentos de alto costo que no aportan mayor beneficio, esto debería ser advertido a aquellos que pueden pagarlo y los compran. Si esto es así, el MSP, como policía sanitaria, está en obligación de advertirlo a los consumidores que tienen derecho a recibir información completa, veraz, suficiente.
Luego entran en el aspecto económico. La Dra. Delgado que plantea que si se tratara con medicamentos de alto costo a los 7500 pacientes que mueren por cáncer en Uruguay todos los años el costo sería inviable. Con el mayor de los respetos por una profesional de jerarquía como la Dra. Delgado, Catedrática, Presidenta Alterna del Fondo Nacional de Recursos, asesora del MSP : no se pueden plantear esos disparates.
Nadie está pidiendo que se de cualquier cosa a todo el mundo. Lo que se está planteando, en primer lugar, para empezar a hablar, es que se retiren los artículos de la ley de presupuesto.
En segundo lugar, planteamos que se cree un instrumento para que las personas no deban acudir al amparo (esto para que entiendan a quienes acusan a los abogados de querer lucrar con una industria del juicio). Pedimos que los casos que quedan fuera de la cobertura de los medicamentos priorizados, sean analizados desde el punto de vista médico, como hace hoy (lamentablemente sin ninguna guía ni procedimiento formal que sea garantía de equidad) el MSP con los casos que han perdido sentencias de segunda instancia. Es decir, lo que pedimos es lo que se empezó a hacer en esta administración (excepciones) pero con las garantías de un proceso transparente y a tiempo: es decir, evitando el juicio.
En tercer lugar, como fuera planteado por el Dr. Ceretta, que se respete el artículo 44 inciso 2 de la Constitución, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios a quienes carecen de recursos suficientes.
Hay otras formas de hacer más sustentable el sistema, en vez de limitar el acceso a los pacientes: gestionar mejores precios de compra, generar ahorros por mejora de gestión, las compra conjunta o el riesgo compartido planteado por el MSP o exigir copago a quienes pueden pagar, por ejemplo.
Alarico Rodríguez a título personal opinó: “Establecer un copago para el décimo decil en capacidad de ingreso sería muy bueno y permitiría generar recursos para los otros nueve y ocho deciles que no pueden acceder”. De todos modos, dijo ser “muy escéptico” respecto de los resultados, considerando en qué medida “tengan blanqueado su patrimonio” esas personas con capacidad de pago, y que sean tantos los que puedan aportar al resto.”
No se si soy muy simple en mi razonamiento pero el mensaje que recibo me parece claro:
como no podemos con la industria,
ni con las corporaciones,
ni con los más acaudalados….
legislamos para limitar el acceso a los pacientes, que es lo único que podemos hacer.
Qué vergüenza.
Florencia Cornú