DIPUTADO PASQUET ( PARTIDO COLORADO)
SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: el problema de fondo es extraordinariamente complejo y delicado. Yo no pretendo abordarlo porque participo de la opinión de la bancada del Partido Colorado, que entiende que este no es un tema para tratar en el presupuesto y que debe desglosarse. Más adelante, podrá disponerlo así la Cámara; me parece que claramente eso es lo que corresponde.
No vamos a entrar en las complejas cuestiones de fondo que hay en esto ‑científicas, éticas, de políticas sociales, etcétera‑ para ver los efectos que puede tener el artículo 443 y sus, podríamos llamar “satélites”, los artículos 456 y 457.
Dejemos de lado por un momento la cuestión de la constitucionalidad; asumamos que esa cuestión no está en juego y pensemos qué efecto práctico puede tener esto.
No tiene ningún efecto práctico desde el punto de vista del problema de fondo; es decir: toda esa construcción de soluciones de largo plazo, incorporando distintos elementos no inciden en nada. ¿En qué incide? ¿Por qué se propone la sanción de esta norma? ¿Cuál sería el efecto? El efecto concreto que tiene esta medida es hacer mucho más difícil el andamiento de las acciones de amparo. ¿Por qué? Porque la acción tiene, entre otros requisitos, el siguiente: la ilegitimidad manifiesta del acto u omisión que se impugna. La ilegitimidad manifiesta quiere decir una ilegitimidad clara, patente, grosera. La jurisprudencia acumula sinónimos para decir que no puede ser algo fino, sutil, que cueste determinar, porque la vía de amparo es sumarísima; se maneja en tiempos muy breves, en los que los jueces deben manejarse con evidencias muy claras e indiscutibles. Por eso, la ilegitimidad tiene que ser manifiesta.
Supongamos que se sancionan estas normas. Si mañana va alguien a la justicia a impugnar que no se le brinda tal medicamento que el médico le prescribió, invocando estos artículos le van a decir: “Actuamos perfectamente de acuerdo con derecho, de acuerdo con el artículo 443; nos ceñimos a todo eso. El Poder Ejecutivo reguló los programas previstos por el artículo tal de la ley cual y definió las prestaciones. Esa es la obligación que tenemos nosotros. Cumplimos con la obligación. Acá no hay ilegitimidad de ningún tipo”. Este es un obstáculo muy serio para el andamiento de la acción de amparo. Precisamente, este va a ser el efecto concreto de la norma. Creo que por eso el Poder Ejecutivo la promueve, porque quiere frenar las acciones ante la justicia.
Desde el punto de vista jurídico, sin duda esto va a ser un inconveniente, va a ser un obstáculo fuerte que se interponga entre los accionantes y los tribunales cuando no se avanza paralelamente en el camino de las soluciones de fondo.
Me parece que no sería justo proceder así. No es justo aumentar los obstáculos y las dificultades cuando al mismo tiempo no estamos avanzando en el camino de las soluciones.
Por eso, entiendo que lo razonable es dejar esto por un tiempo en el congelador y a través de todos los mecanismos que se han mencionado ‑los trabajos en las comisiones, los aportes científicos, los datos tan interesantes que aportó el señor diputado Gallo y muchos otros‑ ir buscando soluciones. Mientras tanto, debemos dejar abierta la puerta de la justicia, que siempre es una válvula de seguridad, que permite que casos muy injustos se enderecen, que situaciones inicuas se corrijan. La justicia es la última garantía y no deberíamos interponer obstáculos para los que accionan por problemas cuya importancia y gravedad nadie discute. Considero que estas personas tienen, por lo menos, derecho a tener su día ante el tribunal para que allí se determine si ese medicamento le corresponde o no.
Entonces, no nos pronunciemos sobre el fondo del asunto; desglosemos el artículo, continuemos estudiando y, mientras tanto, dejemos que la gente se defienda como mejor pueda ante los tribunales. Siempre es buena una mirada de afuera, imparcial, independiente de los laboratorios, de las multinacionales, de los empresarios médicos, de toda esa constelación de intereses tan poderosos que tanto inciden en esto. Yo creo que la ajenidad de la justicia a todo el sistema médico es una garantía más que, mientras no podamos aportar soluciones de fondo, nos deja con la conciencia tranquila de que aportamos garantías a quienes se encuentran en trances delicadísimos.
DIPUTADO OLIVERA (PARTIDO NACIONAL
SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor Presidente: hasta ahora quienes han dicho que iban a ser breves no lo fueron.
Quiero dejar una constancia que creo puede ser útil para quienes tengan que tomar la decisión o trabajar en el tema.
En su momento el señor diputado Rubio mencionó que los funcionarios de Aduanas concurrieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la Hacienda a plantear una reivindicación, pero también a proponer una fuente de recursos: aplicar una tasa del uno por mil a la mercadería en tránsito. Lo que hay que saber es que esa mercadería en tránsito ‑de acuerdo con lo que nos manifestaron‑ es whisky, bebidas, cosméticos; se trata de mercadería de lujo ‑por decirlo así‑ o no necesaria. En este caso los contribuyentes de esta tasa prácticamente insignificante serían empresas como Philip Morris, Johnnie Walker u otras.
Según nos dijeron los funcionarios, con esto se estaría en condiciones de recaudar US$ 8.000.000. Buena parte de esos recursos podrían ir a parar a una solución en el sentido de lo que venimos hablando en esta provechosa discusión.
Solamente quería dejar esta constancia para que pueda oficiar de insumo en su momento.
Muchas gracias.
DIPUTADO ANDRADE (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR ANDRADE (Oscar).- Señor presidente: nosotros estamos de acuerdo con la aprobación de los artículos y con seguir discutiendo. Estamos convencidos de que la aprobación de los artículos no despeja ni decanta un problema complejo que va haber que seguir estudiando más. Estamos convencidos, aun en la hipótesis más optimista, que pasará el período de Gobierno y vamos a tener que seguir trabajando, desde el Gobierno y desde el Parlamento, a los efectos de atender un tema complejo. ¿Cuál es? La extrema mercantilización de la salud y las mafias que están alrededor de la industria farmacéutica, del medicamento que, en particular, con esto, han crecido a tasas siderales en la última década, lucrando con recursos de los más pobres, o sea, le chupan recursos a los Estados de los más pobres para enriquecerse. Ese es el problema de fondo que tenemos. Y yo que soy partidario de la concesión de la propiedad social, tengo claro que una cosa es la propiedad social, por ejemplo, de la vivienda, que pudiéramos aplicarla mediante distintas legislaciones, y otra cosa distinta es a quienes concentran el control del cambio tecnológico y la investigación.
Por lo tanto, es una batalla que ni siquiera vamos a terminar de dar a escala nacional; trasciende lo que podemos hacer a escala nacional, porque si mañana pagamos medicamentos de $ 100, quienes lucran van a poner medicamentos de $ 200. No entender esa lógica extrema y pensar alegremente que podemos resolver tamaño negocio con una decisión parlamentaria creo que estamos errando.
Gracias, señor presidente.
INTERRUPCION CONCEDIDA POR DIPUTADO PEREZ
SEÑOR ANDRADE LALLANA (Óscar).- Señor presidente: tal vez solamente utilice dos minutos.
Creo que el concepto teórico de la función social de la propiedad, que nos cuesta tanto incorporar a la discusión ‑porque en todos está muy acuñada la legitimidad de la propiedad privada‑, en este plano no puede suponer que el conocimiento no sea una función social y que la construcción social del conocimiento se haga socialmente.
Comienzo de la parte: 101
Ahora, en términos de ese conocimiento construido socialmente, una vez que se llega a esa circunstancia de conocimiento le pongo precio y el que le pone precio a la vida es la industria farmacéutica que, independientemente de cómo haya llegado a ese conocimiento y del valor que tenga, desde el punto de vista de los insumos para construirlo, le pone precio en función del mercado. Y si vale $ 1.000 y lo quiere vender a $ 100.000.000, porque es negocio, lo vende a $ 100.000.000; el problema es si enfrentamos ese gran monstruo y cómo construimos correlaciones para él. Está claro que este es un debate que trasciende las posibilidades solamente locales de si el Uruguay se va a enfrentar con toda la industria farmacéutica del mundo.
De todos modos, sería bueno poner en debate la función social del conocimiento para garantizar el acceso en condiciones de la vida a escala general. Yo creo que ahí hay un componente que debiera, por lo menos en este plano, hacernos coincidir, porque yo comparto filosóficamente el planteo que todos han hecho en sala de que no se le puede poner precio a la vida.
Convengamos en que por algo crece a escala de 6 o 7 puntos por año la industria farmacéutica aun en un mundo en crisis y, en particular, en este costado es donde más crece. Es a eso a lo que nos enfrentamos y lo hacemos a nivel general. Por eso, no lo vamos a resolver sólo a escala local y sólo hoy; este tema queda abierto, va a quedar pendiente y ojalá sigamos construyendo para soluciones más de fondo que seguro son a mediano y largo plazo.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
DIPUTADO RUBIO (ASAMBLEAD POPULAR)
SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: parto de una valoración -no sé si irracional, poco comprensible o poco serio-, que a esta hora y después de tantas horas de cansancio acumulado haya que abordar semejante tema que nos supera, en lo que me toca, en todos los aspectos del conocimiento, del manejo, pero nuestro deber acá es dar una opinión política.
En realidad, el artículo que venía en su primera redacción era francamente impresentable. La nueva redacción mejora en su presentación, pero no en sus contenidos. Por lo tanto, se mantiene el mismo problema. Yo parto de la base de que para todos nosotros acá la vida no tiene precio; es una cuestión ajena a la duda. El tema es que a partir de lo que nosotros definamos políticamente, caminamos más, menos o para atrás, en el cumplimiento de esa definición.
Coincido con lo que aquí se ha dicho: el problema central es que hay cosas que no pueden tener valor de mercado y la salud es una, pero en esta sociedad en que vivimos, en este modelo que estamos y en estos sistemas integrados la salud sigue siendo una mercancía. Y nos preguntan, y nos preguntamos, de dónde pueden salir los recursos para cubrir estos gastos, al menos en parte, porque me parece que las cifras que se manejan tenían una dimensión al principio y luego otra flexibilidad. A mi modesto entender, la cantidad de gente que requiere este tipo de medicamentos no es ilimitada; es un número determinado que será fluctuante, crecerá, pero si crece la prevención seguramente sean menos. Me gustaría hacer la cuenta de cuál es la tasa de ganancia, de cuánto acumulan las empresas privadas que administran la medicina, para empezar a pensar de dónde se puede sacar.
Los trabajadores de la Aduana, el sindicato de aduaneros, arrimaba una propuesta de colocarle el uno por mil de impuesto a la mercancía en tránsito: ellos rescataban con eso US$ 8.000.000. A su vez, planteaban que la mitad fuera para esto.
Por ejemplo, en este Uruguay de auge económico de exportación de soja, los sojeros no pagan un peso de ración.
Si la sociedad busca resolver un problema de esta magnitud, que tiene que ver con valores humanos básicos, creo que se consigue caminando, además, en la dirección que aquí se planteó. A veces, si nos ponemos a pensar que el enemigo es tan grande, tan inmenso, se nos hace inabordable la lucha.
Hay experiencias en el mundo de países que han caminado en medio de inmensas dificultades para, por ejemplo, resolver el problema de los medicamentos. Y no lo podrán hacer completamente, pero ¡si habrán avanzado! Y no lo han hecho en base a la riqueza desbordante, sino a definiciones políticas de fondo donde se parte de la base de que la salud es un derecho humano esencial.
Quiero plantear que yo tampoco entiendo por qué esto vino en el presupuesto. Me imagino que es una especie de salvaguarda, de parachoques, tratando de frenar un gasto que aparece como muy grande, pero a partir de lo que acá se ha dicho y se ha afirmado por todos, lo más lógico sería que estos artículos salieran del presupuesto y se trabajara, con los que saben, seriamente, inclusive con compromisos de plazo para buscar encaminar esta situación.
Muchas gracias.
DIPUTADO CHIAZZARO (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor presidente: vamos a ser breves.
He escuchado acá una serie de argumentos a los que me gustaría poder dar respuesta. Me refiero, sobre todo, al tema de la inconstitucionalidad. Yo no soy una persona muy enterada del Derecho Constitucional o, por lo menos, no he trabajado en profundidad. Por lo tanto, he realizado una consulta a un constitucionalista de alto nivel en el país y él me decía que no le ve inconstitucionalidad a este artículo 44, que señalaba el diputado Lema. Y me hacía ver un hecho -que simplemente lo voy a trasmitir pero sería bueno tomarlo en cuenta-, y es que, en realidad, hay que analizar muy claramente el inciso primero del artículo 44 de la Constitución que nos muestra que es una norma programática y, como tal, por supuesto en oposición a la norma perceptiva, el constitucionalista le está encomendando al legislador elaborar una norma para regular esta situación.
Esa es una opinión de un constitucionalista y, en ese sentido, es lo que ha hecho y lo que está haciendo este Gobierno: elaborar una normativa para este tema. Por supuesto que es materia opinable ‑hay mucha gente para hablar y es tarde; son las 4 y 15‑, de todos modos, los escucho. De todos modos, me han pedido que me limite, pero créanme, es solo una opinión más.
Comienzo de la parte: 102
Con esto quiero decir que no hay opiniones absolutas. No se puede decir: “Esta norma es anticonstitucional” porque hay otro constitucionalista que dice que es constitucional.
A nosotros nos preocupa la mercantilización de la vida, de la enfermedad y de la salud por parte de los grandes laboratorios, las grandes trasnacionales y las grandes multinacionales. Debemos tomar alguna medida para combatir el flagelo de las multinacionales, que ponen precios arbitrarios. En los tratados internacionales esto se llama “propiedad intelectual”. Este aspecto explica por qué algunos sistemáticamente nos oponemos a los tratados de libre comercio, a los TLC y a los TPP: porque en ellos aparece la propiedad intelectual y las trasnacionales del medicamento imponen condiciones a los países subdesarrollados.
Les voy a contar las novedades del TPP. Hasta ahora, las sociedades trataban que las patentes de medicamento tuviesen una prolongación de hasta cinco años para que luego se pudieran producir medicamentos genéricos, que tienen un costo mucho más reducido. India y Brasil no respetaron las patentes, lograron abaratar los medicamentos y llevarlos a un precio realmente increíble. En los nuevos TPP que se están negociando, las trasnacionales del medicamento piden patentes por más de veinte años. Es decir que durante veinte años las trasnacionales del medicamento van a cobrar lo que quieran y nadie podrá hacer uso de esa patente.
Entonces, vamos a defender la salud, que nos preocupa a todos. Los países subdesarrollados no tenemos capacidad de llevar adelante tecnologías de investigación para combatir enfermedades letales. Todos los partidos políticos deberíamos asumir el compromiso de rechazar negociaciones en las cuales se negocie la propiedad intelectual. Debemos rechazar la propiedad intelectual; de esa manera vamos a defender a nuestra población para que pueda acceder a medicamentos baratos. Esa es una forma de poder de atender las necesidades que cubre este fondo, que es excepcional y tiene parámetros inigualables a nivel latinoamericano.
Lo que está haciendo este gobierno es increíble. Debemos tener memoria. El Fondo Nacional de Recursos fue fundado durante la dictadura, en el año 1981, y quebró porque fue mal administrado. Fue el Frente Amplio el que lo puso nuevamente en funcionamiento. Ahora, tenemos que ser cuidadosos; no digo esto porque los frenteamplistas seamos mejor que nadie sino porque tenemos que cuidar a nuestra población. Esto es algo que tenemos que hacer entre todos. También nosotros tenemos que emplear metodologías que ayude a abaratar los medicamentos.
Voy a hablar de lo que sucede a nivel de la Unasur. Todos los países que la integramos estamos tratando de establecer mecanismos de compra globales para abaratar el valor de los medicamentos.
A nivel nacional, también estamos en negociaciones con los laboratorios.
Últimamente, estamos trabajando en lo que se llama la política de riesgo compartido: que en la parte experimental, durante un período determinado el costo lo asuman los laboratorios.
Todos los aportes que se han hecho son tremendamente sensibles. Tenemos que procurar que los medicamentos lleguen a nuestros ciudadanos. Acá hemos dado algunas pautas de lo que podemos lograr si ponemos voluntad y hay unanimidad para trabajar por el bien de nuestra población.
DIPUTADO PEREZ (FRENTE AMPLIO)
SEÑOR PÉREZ BRITO (Darío).- Señor presidente: no sé si a esta hora puedo hablar con claridad, a pesar de tener millones de horas de trabajo nocturno. Últimamente abandoné las guardias nocturnas y se ve que mi cerebro se desacostumbró rápidamente, porque estoy bastante dormido.
No podía dejar de hablar porque este tema tiene que ver con parte de mi vida y mi vocación. Al contrario del “Garufa” yo fui cobarde y huí de cualquier cosa que fuera administración. De hecho nunca he integrado la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social a propósito, porque la chequera de Radío la tengo siempre en rojo y las orejas también.
Para ser concreto debo decir que la exposición de nuestro compañero Luis Gallo Cantera ha sido realmente brillante y ha puesto las cosas en su justo término; la del señor diputado Radío también ha puesto las cosas en su justo término. No se trata de que alguno de los que estamos aquí no queramos una solución. Sé que Martín ‑con quien he estado hablando en el ambulatorio‑, con su impulsividad de joven también lo desea profunda y sanamente. A Germán lo conozco desde hace más tiempo y debo decirle ‑como manifestó el señor diputado Radío‑ que los recursos son finitos. Si en algún momento se diera la tesis del compañero Luis Gallo, que creo es exactamente así, en algún momento se terminaría la plata y ya no se podría salvar a otros muchos que sí se podrían salvar. No es que yo ponga las cosas en términos de dinero, pero es lo que sucede cuando se empieza a administrar en salud: se tienen recursos finitos.
Quiero decir con total sinceridad que hubiese deseado que esto estuviera fuera del presupuesto, al igual que otros temas, a fin de considerarlo con más o menos tiempo, con más o menos apuro; no sé de qué manera. De todos modos, creo que lo positivo que podemos sacar es que en cualquiera de las circunstancias, en virtud de la honestidad con la que se ha planteado este tema, una vez terminado el tratamiento del presupuesto, en la misma Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ‑tal vez hasta me arrime‑, sí podremos analizar esto rápidamente, porque me consta que el ministro está vivamente interesado en encontrar canales para solucionar este tema que ‑como decía el compañero Andrade‑ será eterno. Con esa disposición voy a votar con mis compañeros del Frente Amplio ‑últimamente he estado medio díscolo‑, recogiendo con total honestidad el espíritu de los demás para ponernos a trabajar rápidamente, y también junto al ministro de Salud Pública que tiene el deseo de dialogar de este y otros asuntos. Seguramente en muy poco tiempo podamos aprobar algo positivo.
Gracias, señor presidente.
DIPUTADA BIANCHI (PARTIDO NACIONAL)
SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra la señora diputada.
SEÑORA BIANCHI POLI.- Señor presidente: es difícil, porque uno queda impactado por las contradicciones de fondo y por las contradicciones que no lo son tanto, pero que en definitiva hacen que cuando llega el momento de la verdad y se levanta la mano, no se pongan sobre la mesa los discursos fáciles, sino los intereses que se están defendiendo.
Sé que la industria del medicamento es poderosísima y actualmente está por encima de la del armamento y el narcotráfico, según los últimos datos que consulté. Pero hay muchos factores internos que se pueden controlar. ¡Muchísimos! Yo no voy a minimizar doctor Gallo ‑le pido disculpas señor presidente, me voy a referir a lo manifestado por el señor diputado Gallo‑, no es minimizar buscar otras fuentes de financiamiento; mucho menos es minimizar ponerle la mano a la gran industria médica y de privilegios médicos que existe en el Uruguay, al punto que ya se han hecho tan expresos que hasta hay gremiales médicas enfrentadas entre sí porque algunos ganan $ 500.000 o $ 600.000 y otros $ 50.000. Hay todo un negocio de aparatología médica ‑hay gente muy vinculada al Gobierno, que es muy rica y conoce muy bien el negocio‑ que no es un factor externo, sino que son factores internos en los que podemos incidir.
Asimismo, debo admitir que creí que en el gran Sistema Nacional Integrado de Salud al igual que creí en el IRPF, que era el que iba a financiar el Fonasa, como ocurre en los países en los países en los que realmente existe un IRPF, que además de las deducciones se devuelve en servicios. Por ejemplo, a quienes tuvimos la estupidez de trabajar y estudiar mucho toda la vida y nos devuelven dinero del Fonasa, nos están cobrando de más. Ya sé lo de las cápitas, no me lo expliquen porque fui presidenta de la Caja Notarial así que tengo muy claro, además, cómo se nos quedaron con el sistema notarial. En ese sentido conozco; no me den las explicaciones
(Interrupciones)
——¿Por qué hay US$ 100.000.000 que todos los años el Estado devuelve luego de más de un año de haber hecho los descuentos? El costo financiero de esos US$ 100.000.000, ¿no tiene beneficios?
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——¿Las personas no saben levantar la mano y expresarse como seres normales?
SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Ha finalizado su tiempo, señora diputada.
(Murmullos.- Campana de orden)
——Los legisladores han tenido la oportunidad de fundar el voto con el tiempo determinado que establece el Reglamento. No se puede continuar en este clima de comentarios por todos lados, a los gritos, cuando no están en uso de la palabra.
No puedo permitir eso, señores diputados.
Cada uno ha fundamentado su voto.
Corresponde continuar con el resto del articulado.
DIPUTADO LEMA (Partido Nacional)
SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente: vinimos a este debate con mucha ilusión, y esperamos no ser ingenuos.
Antes que nada, voy a felicitar a los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social por la altura y fraternidad que se tuvo en esta discusión. Partimos de la base de que aquí no hay buenos ni malos, simplemente que cada cual trató de fundar con documentos la postura que consideraba mejor para el debate. Por lo tanto, hago un reconocimiento a los señores diputados Gallo Cantera, De León, Bianchi y a mi compañero Edgardo Mier, con quien hemos hecho un gran equipo y a quien hemos aprendido a apreciar.
Este tema para nosotros no es fácil; quizá sea mucho más difícil de lo que todos imaginan. Es bueno recurrir a los antecedentes. Este tema se empezó a tratar el 20 y 21 de abril de este año, en las Primeras Jornadas Internacionales de Bioderecho, a las que fuimos invitados. Comenzamos a estudiar todo lo relativo al Fondo Nacional de Recursos y vimos que había aportes para hacer, cosas para mejorar y en las que profundizar, a pesar de algunos comentarios bienintencionados de gente a la que uno aprecia ‑y considero que el aprecio es recíproco‑, que decían que no me metiera, que este era un asunto muy delicado y complicado. Pero si en la actividad política no enfrentamos los temas delicados y complicados, ¿para qué estamos? Estos temas hay que someterlos a jerarquía política y discutirlos con esa jerarquía política.
Empezamos con una premisa ineludible: el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución de la República, que establece: “[…] El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. A partir de esta premisa empezamos a analizar cómo se está accediendo a los medicamentos de alto costo.
Una primera puntualización que queremos hacer es que ese medicamento que la persona solicita al Fondo Nacional de Recursos está indicado por médicos. No es que el paciente un día se levanta y se le ocurre ir al Fondo Nacional de Recursos en una posición infundada a solicitar un medicamento de alto costo; un médico tratante entendió que ese medicamento era el preciso y el correcto para determinada patología. Por su parte, el Fondo Nacional de Recursos lo otorga si figura en el Formulario Terapéutico de Medicamentos y siempre y cuando el protocolo lo indique para esa patología.
Cuando vamos a ver de qué manera se incluyen los medicamentos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, nos encontramos con que hay una Comisión Técnica Asesora que asesora al ministro de Salud Pública antes de tomar la determinación. Vamos a hacer una crítica constructiva. Esta Comisión Técnica Asesora no tiene actas; como hay medicamentos que están en evaluación desde hace tres años y medio, consultamos cómo hace para recordar lo discutido tanto tiempo atrás y cuál es el hilo conductor que le lleva a asesorar al ministro para que incluya o no los medicamentos en el FTM; no entendemos la línea de razonamiento ni la motivación científica. Esta crítica viene acompañada de una propuesta: debe haber actas públicas de las discusiones que tiene la comisión que asesora al ministro de Salud Pública para tomar la determinación.
También empezamos a ver profundas desigualdades en el acceso a medicamentos de alto costo. La primera es entre quien tiene la fortuna de tener un poder adquisitiva que le permita comprarlos y quien no. El que tiene poder adquisitivo no tiene ningún inconveniente, va y los compra, pero el que no lo tiene, se debe empezar a rebuscar, y como no cuenta con los recursos, debe ser amparado por el artículo 44 de la Constitución de la República.
La segunda desigualdad es entre aquellos que promueven la acción de amparo y aquellos que no lo hacen.
Quienes promueven acción de amparo tienen la expectativa, según el turno que les toque, de hacerse con el medicamento que, reitero, indicó un médico. Ya es injusto que el paciente tenga que recurrir al amparo, porque implica una pérdida de tiempo en el tratamiento y un desgaste afectivo, psicológico y emocional que también es muy importante en el tratamiento de determinadas patologías.
Se ha hablado mucho de la judicialización y quiero destacar algunos aspectos. Uno de ellos es que en un Estado de derecho con separación de poderes como el nuestro y del que nos vanagloriamos, el Poder Judicial opera como garantía para el ciudadano que considera que tiene un derecho lesionado por lo que recurre a la Justicia, que luego de pericias y otras cosas, determina entregar el medicamento que fue indicado por el médico, como dijimos al inicio. Por suerte tenemos un Estado de derecho y un sistema republicano.
Asimismo, a través de la vía de los hechos en este Cuerpo se admite la judicialización. No voy a dar ningún nombre propio en ningún momento de la exposición porque considero que este debe ser un debate constructivo, pero sí voy a recurrir a hechos. La judicialización la hacemos los que estamos acá, que somos los que elaboramos las leyes.
Del despacho de un legislador, el 27 de julio nos llegó un correo electrónico solicitando colaboración ‑¡bienvenida sea la solicitud!‑ para abastecer de un medicamento a una persona, mientras esperaba que se promoviera la acción de amparo. Aclaro que yo habría hecho exactamente lo mismo si se tratara de alguien cercano ‑me parece excelente‑ y celebro la iniciativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los equipos de los legisladores que pertenecen al oficialismo han admitido la judicialización. ¿Cómo no lo van a hacer si quizás sea la única posibilidad que tiene un paciente de hacerse con el medicamento? Celebramos esto y haríamos lo mismo, pero a pesar de que el camino no debería ser la judicialización, nos parece que deberíamos ser coherentes en cuanto a generar posibilidades para todos. Si consentimos la judicialización para el cercano, debemos permitir el acceso a todos.
La tercera desigualdad es entre los que obtienen sentencias favorables y quienes no, dependiendo de un sistema de turnos. En casos idénticos una persona puede obtener el medicamento indicado por el médico y otra no.
….
La cuarta desigualdad es entre los que se atienden en ASSE y los que no. Todo lo que estoy diciendo lo puedo acreditar y a cualquier interesado que lo solicite le voy a entregar los documentos correspondientes.
Existe un comunicado de ASSE del 2 de julio solicitando a las unidades ejecutoras que no indiquen medicamentos fuera del FTM. Quizás en el ámbito privado el médico en su libre actuar y espíritu ético, indica un medicamento, pero lamentablemente en ASSE que, paradójicamente, es donde se atienden las personas de menos recursos, hay un comunicado solicitando que no se indiquen medicamentos que estén fuera del FTM. Esta es una desigualdad y una injusticia, señor presidente.
Otra desigualdad que vemos en el sistema actual es el de las excepciones. El Ministerio de Salud Pública ha hecho excepciones a su discreción y la última fue el 24 de setiembre. No importa el destinatario, porque si yo estuviera en ese lugar obviamente querría tener el medicamento. Cualquier persona cuyo médico tratante le indique un medicamento lo tiene que tener. Por lo tanto, en ningún momento voy a hacer cuestionamientos sobre el destinatario de la excepción, sino que la celebramos y solicitamos que se cumpla el principio de igualdad para las demás personas. La persona cuyo caso es una excepción tiene la instancia de cercanía para poder aspirar a eso, pero el paciente que se atiende en ASSE ni siquiera puede aspirar a la excepción porque el médico no le puede indicar los medicamentos que están fuera del Formulario Terapéutico de Medicamentos.
Tengo en mi poder material por si a algún legislador le interesa, que demuestra que en casos de procedimientos idénticos los resultados han sido distintos. Por ejemplo, en el mes de junio el Ministerio de Salud Pública apeló un fallo favorable a una acción de amparo; el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y se quitó el medicamento. Es decir que en un caso se actuó bien porque se dio el medicamento y en el otro se actuó mal porque se lo quitó.
Le preguntamos al ministro Basso cuál era el criterio para hacer excepciones y el 11 de agosto nos dijo que se basaba en la evidencia científica. Esto figura en la versión taquigráfica y la tengo en mi poder. En ese sentido, poseo evidencia científica de un caso de un chiquilín que tiene diagnosticada una enfermedad y diferentes resonancias mostraron cómo se reducían los tumores o se mantenían. Sin embargo, a pesar de las instancias posteriores al proceso, hasta el día de hoy el Ministerio de Salud Pública no ha hecho lugar al caso. Si algún legislador está interesado en el caso para acercar a las partes y de paso aplicar el principio de igualdad a todos los casos, tengo las pericias que se hicieron en Brasil, en Argentina y en nuestro país.
Por eso solicitamos que en las excepciones se tenga en cuenta el principio de igualdad en cuanto a la evidencia científica.
Por otra parte, considero totalmente inoportuno discutir estos artículos en esta instancia. Se trata de temas de mucha complejidad que no deberían ser estudiados dentro del presupuesto.
….
Hoy hablamos de transporte y de educación, y ahora estamos discutiendo este tema que no implica asignar recursos, sino que establece una limitación en el acceso a los medicamentos de alto costo.
En ese sentido, recurrimos a los antecedentes que indican que se ha hecho dificultoso el acceso a medicamentos de alto costo. El 23 de junio realizamos nuestro primer planteo en este Cuerpo, a través de una solicitud de derogación de la Ordenanza N° 86, que firmó la ex ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, dos días antes de abandonar el cargo. El Decreto N° 265 establece que el Formulario Terapéutico de Medicamentos debería de actualizarse anualmente.
Esta ordenanza se firma el 27 de febrero de 2015. La última vez que hubo una ordenanza de estas características fue en noviembre de 2013. Es decir, no se cumplió con el plazo que establece el decreto.
Nosotros decimos que es una ordenanza inoportuna porque resulta irónico que una ministra de Salud Pública saliente firme una ordenanza que solo excluye medicamentos a dos días de que asuma como presidente de la República un médico oncólogo.
Me pregunto si en dos años la ciencia no dio nada nuevo para incorporar y por eso la Ordenanza 86 solo hizo exclusiones. Y cuestionamos la oportunidad. ¿No hubiera sido mejor esperar a que asumiera un presidente de la República que tiene conocimiento del tema para que la ordenanza fuera firmada luego de un análisis, una evaluación y una discusión mucho más profunda de la que puede hacer una ministra saliente? ¿Era necesario firmarla a dos días de que asumiera un presidente de la República oncólogo? Nosotros creemos que hubiera sido mejor esperar, dejar pasar un tiempo. Entonces, no nos encontraríamos en estas circunstancias.
Nosotros venimos a hablar, primero, de salud, porque hay que defender al paciente, al usuario. Después, hablaremos de la sustentabilidad de los planteos en defensa de esos pacientes.
Lo más importante es que los pacientes que necesitan estos tratamientos puedan acceder a ellos con igualdad y justicia. Lamentablemente, esto no sucede en todos los casos.
Con respecto a la ordenanza, vemos que en el primer inciso se excluye el medicamento cetuximab ‑aclaro que no soy médico; seguramente faltará alguna rigurosidad científica‑, que se utiliza para cáncer de colon rectal KRAS salvaje y que fue aprobado por la FDA en el año 2004. El 98 % de los recursos de amparo por este medicamento resultaron favorables. Quiere decir que si se encontrara la forma de facilitarlo, obviamente, aliviaríamos a unos cuantos pacientes el momento traumático de tener que acceder a un juicio.
Con respecto a este medicamento que se excluye a través de la ordenanza, el Ministerio de Salud Pública se contradice cuando el 24 de setiembre hace una excepción, luego de haber tenido una sentencia favorable el día 24 de julio. Entonces, el Ministerio excluye este medicamento, pero cuando lo considera oportuno termina proporcionándolo al paciente. Sin embargo, en el caso de los médicos de ASSE, se les dice que no indiquen esta medicación. Entonces, la desigualdad es manifiesta.
Además, alguien ha dicho que este medicamento es la única alternativa eficaz para el cáncer de colon rectal KRAS salvaje. ¿Saben quién lo dijo en un testimonio en el año 2014? La presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, una persona bastante más calificada que yo; disponemos de copia de su testimonio por si alguno de los legisladores quiere leerlo.
El segundo medicamento excluido es la lenalidomida. Tenemos más de siete cartas de jerarcas hematólogos que desde el año 2009 están solicitando incluir este medicamento en el FTM.
El tercer medicamento excluido que figura en el primer inciso de la ordenanza es el sorafenib. Está incluido para cáncer renal diseminado, para lo cual hay otros dos medicamentos, pero no para cáncer de hígado primitivo. En la página 192 de las pautas de la cátedra de Oncología podemos ver que la alternativa al cáncer de hígado primitivo es una quimioterapia…que tiene contraindicaciones bastante severas.
Pero la idea es venir a aportar ideas. Como bien decía el diputado Mier, dada la complejidad del tema, vamos a insistir en la necesidad de que haya fraternidad, espíritu de discutir el tema en profundidad y con exclusividad. Un tema de estas características debe tener un tratamiento exclusivo, sobre todo cuando no se trata de asignar recursos, sino de limitar el acceso.
Nosotros hicimos propuestas alternativas. Vamos a ingresar en algo muy importante, que es cómo en los hechos hacemos ejecutivo algo que prevé el artículo 44 de la Constitución. En ese sentido, haremos algunas nuevas propuestas en esta sesión.
Algunas de las propuestas que hicimos con muchísima humildad, pero con ganas de que se puedan implementar, obviamente, incluyen la exclusión de estos tres artículos, la derogación de la Ordenanza Nº 86, de 27 de febrero de 2015, inoportuna e inconveniente, por las razones que recién exponíamos, y el dictado de una nueva ordenanza, con el análisis y el debate que este Cuerpo merece.
Otro aspecto que reclamamos es la cobertura afectiva al paciente cuando se le da el medicamento y también cuando se le niega. Lo dijimos en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y lo volvemos a decir acá. Obviamente, no cuestionamos la humanidad de nadie. Es más, partimos de la base de que estamos hablando de gente que tiene buena fe y quiere colaborar, cada cual con su teoría y a su manera. De todas formas, entendemos que la exteriorización, la comunicación al paciente, cuando se le da el medicamento y también cuando no se le da, debe ser con ese abrazo emocional, con ese abrazo afectivo que necesita una persona para enfrentar una enfermedad de estas características. Entendemos que se puede trabajar mejor en la comunicación.
Asimismo, planteamos la revisión semestral del FTM. Recién decíamos que pasaron dos años sin incorporar nada. Y cuando hablamos de revisión semestral, estamos hablando precisamente de eso, no de incorporar e incorporar. No podemos caer en discursos simplistas. Veamos cada seis meses qué está pasando en el mundo de la ciencia, qué novedades hay, qué necesita el país a nivel de salud, de medicamentos de estas características.
Obviamente, también pedimos la publicidad de las actas. No puede ser que la comisión que asesora al ministro no sepa explicar por qué razones hizo determinada sugerencia.
También reclamamos el cumplimiento del principio de igualdad. No es posible que se hagan excepciones, como mencionábamos, otorgando la medicación en algunos casos y no en otros. Pedimos que se mantenga el criterio. Podemos acreditar esto. Estamos a disposición para reunirnos con el ministro a fin de que lo que sucede con los casos puntuales se pueda extender. Celebramos las excepciones; lamentamos que no sean más.
Por otro lado, proponemos el sistema de riesgo compartido. El 11 de agosto lo planteamos al ministro. Pedimos que se haga un mayor esfuerzo.
Otra propuesta que hicimos hace unos días en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social fue que se estableciera en forma paralela y complementaria al Formulario Terapéutico de Medicamentos un listado de medicamentos de los cuales una parte se subsidiaría de acuerdo con las posibilidades económicas del paciente. Se aplicarían franjas, como las que se utilizan para el IRPF. Quizás el paciente no pueda hacerse cargo del ciento por ciento del tratamiento, pero sí a una parte. Esto aliviaría de una parte del costo al Estado que los compra y, por otro lado, permitiría que los pacientes que tienen determinada patología puedan acceder a la medicación que necesitan. Es cuestión de verlo, de discutirlo, de intercambiar ideas y propuestas.
También proponemos que se disponga de un censo con la cantidad de pacientes que no reciben la medicación indicada porque no se encuentra en el FTM. Como dijimos, el 11 de agosto el ministro de Salud Pública estuvo en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Pueden acceder a la versión taquigráfica de dicha sesión, que tiene cincuenta y siete páginas. En la página veinte le preguntamos al ministro cuántos pacientes no estaban recibiendo la medicación indicada. En la página cuarenta y cinco reiteramos la pregunta. No hubo respuesta del ministro; no nos supo contestar cuántos son los pacientes en esa situación. Es importante contar con esta información, no solo porque cuando se habla de la sustentabilidad del sistema hay que acreditarlo, sino también para saber qué se les está dando en forma alternativa a esos pacientes e, inclusive, para saber cómo equivale en la salud de esos pacientes…
Se cambió la redacción del artículo 425 original, pero es lo mismo. Antes eximía al Estado de la responsabilidad de lo que allí se establecía; ahora se exime de la responsabilidad de lo que no contempla la nueva redacción del artículo.
Creemos que el artículo 439 original es una limitación. Habla de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Uruguay está muy por encima de los parámetros básicos. Lo hemos construido entre todos, los que estaban antes de 2005 y los que estuvieron después de 2005. Tenemos parámetros mucho más altos; no tenemos que bajar la vara.
La verdad es que este tema me ha hecho volver al primer día que empecé con esta actividad; me ha vuelto a la ilusión del primer día; me ha vuelto a recordar lo más importante de esta actividad.
Tenemos otra propuesta que esperamos presentar cuando podamos volver a hacer uso de la palabra.
Queremos decir a los colegas del Frente Amplio, que confiamos tienen la mejor voluntad aún en la diferencia, que cuentan con nuestro recurso humano porque esto se trata de sumar. Pedimos que reflexionen sobre estos artículos, que los desglosemos, que demos una discusión a fondo e intentemos ponernos de acuerdo.
Nos tienen a nosotros para buscando consensos y felicitando la reflexión, el cambio de rumbo, que se quiera favorecer al paciente y que este Presupuesto no tenga parches.
…
Con la mayor convicción y con la esperanza solicitamos que se reflexione.
No vamos a juzgar a nadie porque creemos en la buena fe de todos los representantes, pero realmente anhelamos, queremos y deseamos que se pueda dejar momentáneamente de lado este tema y se discuta con la profundidad que amerita.
Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas por los excesos.
INTERRUPCION CONCEDIDA POR EL DIPUTADO RADIO
Señor presidente: escuchamos atentamente los comentarios del señor diputado Luis Gallo Cantera y queremos hacer una propuesta, porque hay que llevar el tema a lo tangible.
Aquí se habló de tres medicamentos, Pertuzumab, Simtuzumab y Vemurafenib, que son los que corresponden a la mayor cantidad de amparos. Una cosa a tener en cuenta: se están dando por excepción. Que no paguen o sustenten el sistema los pacientes de ASSE, por lo que decíamos recién del comunicado. Para otorgar estos tres medicamentos, se necesitarían unos US$ 16.000.000 por año. A eso, hay que restar varias cosas. Primero, hay que ir al Tomo III, Funcionamiento e Inversiones, de la Rendición de Cuentas 2014, página 210, ítem 151. Se gastaron US$ 4.000.000 por amparos, que hay que descontarlos en forma proporcional del costo total de los medicamentos. Ahí bajaríamos la cifra, además de ahorrar a los pacientes el estrés de atravesar el proceso.
Nosotros haremos una propuesta que puede ser materia presupuestal. Uno de los desafíos del Poder Ejecutivo era mejorar la gestión. Por ejemplo, en ASSE se habló de mejorar la gestión a través de sistemas informáticos que provocarían liquidez y serían económicamente mucho más sustentables. Con que en el total de funcionamiento de ASSE se mejorara un 3 %, aparecerían US$ 15.000.000 con los cuales sustentar estos tres medicamentos. Podemos hacer la propuesta. Es otra razón para desglosar y dejar para el final la consideración de estos artículos.
Analicemos el 3 % de la mejora de gestión en ASSE que provoque la liquidez necesaria para sustentar los tres medicamentos más requeridos a nivel judicial, con los que abasteceríamos con igualdad a todos. Esta es una propuesta realista.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
–––––Desglosemos los artículos de común acuerdo. Los datos que está dando el señor diputado Luis Gallo Cantera son interesantes y quizás con este detalle podamos mejorar. Evaluémoslo.
FUNDAMENTO DEL VOTO
SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra para fundar el voto.
…
Señor Presidente: no podemos evitar decir que el resultado de esta votación nos desilusiona bastante. Parece algo contradictorio: estamos todos de acuerdo, se reconoce lo que tiene que ver con las actas de la Comisión Técnica Asesora, se reconoce que es un error que no se actualice el Formulario Terapéutico de Medicamentos como marca un decreto, se reconocen un montón de cosas, pero se priorizan los costos en vez de los objetivos de salud. El problema es que al introducir esto en un presupuesto el Frente Amplio está decidiendo que se analice en torno a un presupuesto general. Nuestra posición es que valen más el esfuerzo y los recursos finitos en medicamentos de alto costo que asesores de alto costo. El otro día el Frente Amplio votó US$ 4.000.000 para asesores de alto costo. Nosotros priorizamos los objetivos de salud y después vemos de qué forma, con qué ingenio y qué propuestas creativas tenemos para cubrirlos. Es difícil explicarle a una persona que los recursos son finitos cuando entre 2013 y 2014, por publicidad, en Ancap se gastaron US$ 20.000.00; es difícil explicarle a una persona que los recursos son finitos cuando se gastan $ 1.000.000 mensuales en una oficina de Casinos del Uruguay que no se usa; es difícil explicarle a una persona que los recursos son finitos cuando se pretenden $ 560.000 por mes para alquileres de alto costo; es difícil explicarle a una persona que los recursos son finitos cuando hay rubro y dinero para cosas que no son tan productivas.
Yo puedo estar de acuerdo con muchas de las ideas que vamos a tratar de congeniar, pero lo que cambian las cosas son las acciones.
El Frente Amplio hoy tomó una acción: votar a favor de estos artículos. ¡Por supuesto que el Frente Amplio se va hacer cargo de esa acción!
Lamentamos profundamente que lo haga de esta forma y que detrás de dichos muy lindos sobre qué es lo que van a hacer, la acción sea limitar aún más el acceso a los medicamentos de alto costo. Vamos a seguir este tema en todas las canchas que sean necesarios, porque consideramos que en este asunto se actúa con profunda desigualdad e injusticia. Además, se da un mensaje contradictorio; todos queremos lo mismo, pero priorizamos los costos sobre los objetivos de la salud.
En definitiva, vamos a trabajar para un sistema verdaderamente nacional, igualitario y justo.
Muchas gracias, señor presidente.
VOTACION DEFINITIVA CAMARA DE DIPUTADOS
Se propone votar en bloque los artículos 443, 456 y 457.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta en noventa y siete: AFIRMATIVA.
Miembros presentes:
DIPUTADO ABDALA (PARTIDO NACIONAL)
SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor Presidente: quiero coincidir con el análisis que hace el señor diputado Pasquet y, sobre todo, para referirme a algunas expresiones que se vertieron en sala hace algunos minutos en cuanto al carácter que eventualmente tendría el artículo 44, tanto en su primer como segundo inciso.
Creo que efectivamente aquí se pretende establecer una suerte de barrera a los efectos de disimular ‑digámoslo así‑ un problema real que ha quedado expuesto en este debate, que el Gobierno reconoce, la oposición reconoce y, por lo tanto, la sociedad política y la sociedad en su conjunto reconocen. No partimos del supuesto de la mala intención del Gobierno a la hora de plantear estos artículos porque sería una acusación muy severa en términos de un comportamiento perverso que no sería justo atribuir frente a un problema de esta complejidad, pero entiendo que el propósito de pasar por encima del problema, disimularlo o hacer de cuenta que no existe, no logra resolverlo, anularlo ni sacarlo del camino. El problema es real, sigue existiendo y, por lo tanto, sigue planteado en la realidad de los uruguayos, en la realidad del país y en la realidad de la sociedad.
Creo que esto va a retrasar el acceso a la salud por parte de quienes no tienen posibilidades de autosustentarse y, por lo tanto, acceder a la salud por sus propios recursos, y que va a generar dificultades a la propia justicia a la hora de su actuación en cuanto a que los jueces pueden, en forma directa, eficaz e inmediata, atribuir o reconocer el derecho de acceso a la salud a quienes deben recurrir a ella para ver satisfecho ese derecho.
El artículo 44 está muy lejos de ser una norma de tipo programático o declarativo, como aquí se manifestó; sé que se dijo de manera honesta, pero absolutamente equivocada. El artículo 44 consagra, particularmente en el inciso segundo, lo que la doctrina reconoce como un derecho subjetivo perfecto. Ahí se establece una obligación para el Estado, que es la de proporcionar el acceso a la salud a aquellos que no están en condiciones de acceder a ella por sus propios medios y, por lo tanto ‑como contrapartida‑, el derecho de esos ciudadanos y habitantes de la República a que el Estado les financie los procedimientos y los mecanismos que tiendan a esa cobertura esencial. Esto es así y es de carácter absoluto, no es una mera expectativa que en tal caso pueden invocar los ciudadanos. ¡No! Es un derecho subjetivo perfecto que inexorablemente debe cumplirse.
Si esto se convirtiera en ley, como mucho nos tememos que acontezca, como resultado habrá un obstáculo ‑reitero‑, que se removerá por la vía de deducir las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero que seguramente representará que la satisfacción de ese derecho se retrase y que, por lo tanto, devengan perjuicios. ¿Para quiénes? Para aquellos ciudadanos que son más vulnerables, que tienen mayores dificultades y mayor dependencia desde el punto de vista de su situación personal y socioeconómica. Y aunque no sea el efecto buscado ‑no tengo dudas de que no es lo que se procura con esto‑, lamentablemente llegaremos a una situación en la que habrá una salud para los ricos y otra salud para los pobres. Sé que es dramático lo que estoy diciendo, pero lamentablemente es la realidad que tenemos planteada y que con este artículo, por la vía de establecer límites a la responsabilidad del Estado, que es algo que no puede establecerse por ley, lo único que estaremos logrando será una suerte de discriminación trágica que creo debería evitarse. En tal caso, en lugar de buscar el expediente breve de cortar camino y procurar el atajo, deberíamos asumir el problema en toda su gravedad y dimensión, y ponernos a trabajar en un consenso y en una solución de fondo que nos permita a todos dormir tranquilos, sin andar con un cargo de conciencia que mucho me temo llevarán de aquí en adelante quienes tienen la responsabilidad de gobernar en función de esta solución jurídica que se está por consagrar.
Gracias, presidente.