El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se sumó a quienes cuestionan el artículo 425 del proyecto de ley de Presupuesto, que regula la entrega de medicamentos y tratamientos. El órgano aprobó una resolución en la que rechaza el artículo al entender que “propone una limitación legal al suministro de medicamentos de alto costo para determinadas enfermedades”.
La norma propuesta, incluida en el capítulo del Ministerio de Salud Pública, señala que la responsabilidad del Estado y de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud “queda limitada” a los tratamientos y medicamentos regulados y autorizados.
Especifica que no será de su cargo “la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República analizó el tema y expresó su rechazo a la norma propuesta, dado que limita el acceso a determinados medicamentos —sobre todo oncológicos— que al no estar incluidos en el Formulario Terapéutico Médico los prestadores de salud no están obligados a brindar, cosa que en los últimos años ha generado la presentación de acciones de amparo ante la Justicia de parte de pacientes. 
La Facultad de Derecho buscará “propender a la apertura de un escenario de diálogo, discusión y estudio para la adopción de una política de medicamentos equitativa e igualitaria, sin excepciones y acorde a la realidad sanitaria que presenta la población actualmente, evitando la judicialización de los conflictos en la materia”.

Servicio gratuito

El consejo respaldó la campaña de información a la población y de rechazo al artículo 425 iniciada por estudiantes y profesores que buscan su eliminación “por considerarlo manifiestamente inconstitucional”. En especial, la Facultad de Derecho entiende que se debe aumentar el acceso a su servicio de asesoramiento gratuito atendido por docentes y estudiantes avanzados que han promovido decenas de acciones de amparo por fármacos representando a pacientes de bajos recursos. 
“Que, por considerarse de extrema importancia, corresponde que el Consejo apoye y facilite al Consultorio de la Facultad los medios correspondientes para llevar adelante la divulgación de ese servicio brindado a sus consultantes a los efectos de que la población tome conocimiento de tan loable tarea”, expresa la declaración aprobada con los votos de los consejeros de la Corriente Gremial Universitaria (CGU) y todos los profesores, incluido el decano Gonzalo Uriarte. Los representantes estudiantiles y egresados del Frente Zelmar Michelini (Frezelmi) argumentaron en contra del pronunciamiento y se retiraron de sala antes de que se procediera a la votación.