Mientras Dormías – Soledad Platero en Caras & Caretas

Compartimos   la columna de Soledad Platero en Caras & Caretas . El texto completo lo encuentran en http://www.carasycaretas.com.uy/mientras-dormias/

“Los artículos de la ley de Presupuesto relativos a los medicamentos de alto costo fueron aprobados, entre gallos y mediasnoches este miércoles, en la Cámara de Diputados, con votos del Frente Amplio. Se trata de los artículos 425, 438 y 439 del proyecto original, que finalmente fueron modificados y pasaron a ser, respectivamente, los actuales 443, 456 y 457. Para resumir (porque el texto completo, tanto con su redacción original como con la que aprobó Diputados puede leerse en accesoamedicamentosuruguay.org), los mencionados artículos establecen que el Estado tiene responsabilidad de suministrar medicamentos de alto costo a quien los necesite y no pueda pagarlos únicamente si esos medicamentos están incluidos en las listas confeccionadas por el Ministerio de Salud Pública. El asunto es que la Constitución de la República establece, en su artículo 44, que es responsabilidad del Estado proporcionar “gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Pero en el caso de algunos medicamentos, cuyo precio es altísimo, los “carentes de recursos suficientes” son muchos. Por esa razón, cuando un medicamento indicado por el médico tratante no es suministrado por la institución de salud en que se atiende el paciente, éste tiene la posibilidad de solicitarlo al Fondo Nacional de Recursos. Pero para que el Fondo se haga cargo, ese medicamento tan costoso debe estar entre los que contempla el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Y para que un medicamento integre el FTM tiene que haber sido incluido en la lista por las autoridades de la salud. No todos los fármacos de uso habitual para el tratamiento de enfermedades graves están incluidos, así que los pacientes tienen, como último recurso, la posibilidad de litigar contra el Estado ante la Justicia. Si tienen suerte y la magistratura es favorable a su petición (cosa que no siempre sucede, puesto que los jueces deciden según sus propios criterios, incluso ante la misma ley y en situaciones semejantes), el Estado, obligado para ese caso y sólo para ese caso, debe proveerles la medicación.

Para empezar, los artículos mencionados no deberían haber integrado la ley de Presupuesto. Por la importancia del tema, deberían haberse tratado sin las urgencias y sin las distracciones que supone el tratamiento de una ley presupuestal. Pero además, el asunto de lo que el Estado debe proveer en materia de salud pública es demasiado importante como para quedar en manos de técnicos y burócratas sin que la ciudadanía se moleste demasiado en saber de qué va la cosa. En el caso específico de estos artículos, hubo una campaña que buscaba evitar que se bloqueara el acceso, por vía judicial, a los medicamentos. La nueva redacción de los artículos eliminó las partes que apuntaban a eso, pero sigue sin procesarse una discusión profunda acerca de las competencias del Estado y las potestades del mercado. Porque participar para pedir que el Estado se haga cargo es imprescindible, pero es sólo parte del asunto. La otra parte, la que queda tapada debajo de los reclamos y de las chicanas del Ejecutivo, es la de los intereses de la industria farmacéutica, los costos desmesurados de algunos de sus productos, el valor de las patentes y la capacidad que tienen los Estados de producir o no medicamentos genéricos. En suma, falta dar una discusión de fondo y con todo el mundo acerca de lo estatal y lo privado. Una discusión que vaya más allá de las cuestiones singulares, la gestión, el Cetuximab (un remedio que desde 2009 es recomendado por la Cátedra de Oncología del Uruguay y sobre cuya eficacia el Ministerio sigue sin pronunciarse. El 34% de los juicios contra el Estado por este tema desde 2013 fueron para conseguir Cetuximab) y los tratamientos experimentales.

Los que defendían la pertinencia de limitar el acceso a la Justicia para obtener del Estado una cobertura de salud no contemplada en el FTM argumentan que hay que pensar en el conjunto. Y dicen que por entregar medicamentos a unos pocos (medicamentos que, en algunos casos, no garantizan la cura y ni siquiera garantizan un mejora sustantiva de la calidad de vida) se puede llegar a poner en peligro la sustentabilidad del sistema, causando así un daño superior al que se quería evitar. El argumento es razonable (algunos medicamentos tienen, efectivamente, un costo inconcebiblemente alto), pero no es suficiente para hacer pasar en una ley de Presupuesto, llena de asuntos complejos y con plazos de discusión limitados, una disposición que afectará de manera drástica la vida de las personas. Si estos productos de la industria farmacéutica (una de las más prósperas y despiadadas que existen) se rigen por las leyes del mercado, si cada diez minutos hay un fármaco nuevo que puede hacer maravillas pero cuya patente es multimillonaria, si los Estados no están en condiciones de producirlos y tampoco encuentran mecanismos para socializar los beneficios de la investigación y el conocimiento, entonces es necesario blanquear el asunto y, eventualmente, ponerlo a consideración de la ciudadanía. Y me refiero a una representación de la ciudadanía algo más amplia que la que está sentada en el Parlamento.

En esta oportunidad, no todos los legisladores del Frente Amplio estuvieron de acuerdo con todos los artículos de la ley de Presupuesto que mandó el Ejecutivo, pero (salvo por los “rebeldes” que defendieron las vacantes de Defensa) votaron igual, porque es imprescindible mantener la unidad.

Ahora, ¿qué es “la unidad”? La unidad es eso que blinda a un partido o a una organización, que la hace fuerte incluso en el disenso, que le da sentido y legitimidad más allá de las diferencias coyunturales, porque subyace a éstas la convicción de que ese partido o esa organización es una herramienta imprescindible para un fin mayor (la justicia, la equidad, la democracia, lo libertad, lo que sea).

Ocurre a veces, sin embargo, que las instituciones (el partido, la organización) terminan siendo, en los hechos, más importantes que los fines para los que fueron creadas. Su fortaleza, su solidez, su peso específico se vuelven un fin en sí mismo, aunque en ese desplazamiento se pierdan de vista los objetivos para los que nacieron.

Los partidos, así como los sindicatos, el gobierno o el Parlamento son instituciones representativas. Su legitimidad, como decía Artigas, nace de la soberanía popular. Y eso, la soberanía popular (“el pueblo”, se decía hace muchos años, sin que nadie se ruborizara) es, también, una institución. No es algo dado o que está en la naturaleza. Es una construcción política, aunque ya estamos tan acostumbrados a su existencia que se nos olvida su carácter de artificio.

Mientras la mayoría de nosotros, los soberanos, estábamos durmiendo, la Cámara de Diputados aprobó (contra la sincera convicción de unos cuantos) los artículos que limitan el acceso a la salud de los que no tienen ni dinero para medicamentos caros, ni demasiado tiempo para litigios (al mismo tiempo, el problema de la judicialización creciente de la vida social se consolida). Y no fue la única cosa que se aprobó de espaldas a nuestra curiosidad y a nuestro interés, e incluso con la opinión contraria de varios que terminaron votando de todos modos.

Mientras dormimos, nuestro estatuto político se va diluyendo. Nos transformamos en usuarios, en clientes o en votantes, renunciamos a la polis y dejamos en manos de profesionales de la cosa pública lo que no sólo es nuestro derecho, sino que es nuestro deber.