Un golpe bajo a la inercia

Por Florencia Cornú
Desde mi perspectiva confesamente militante de  defensora de los derechos de los pacientes, me gustaría hablar de algunas reacciones que ha generado la campaña por la eliminación de los artículos 425, 438 y 439 del Proyecto de Ley de Presupuesto.
La campaña, llevada adelante por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, ha mostrado,  desde la sensibilidad de nuestros estudiantes, a las personas detrás del problema del acceso a los medicamentos de alto costo.
Ha aportado, precisamente, la perspectiva del sistema encarnado en la realidad de los pacientes que lo integran y a los que el sistema está destinado a servir.
Nadie cuestiona la calidad humana de las personas que toman las decisiones y no hace falta ser desalmado para hacer mal. Muchas veces la indiferencia o la inercia son  más nocivas que la malicia. Desde nuestra experiencia lidiando con el Ministerio de Salud Pública  hemos visto que el sistema de toma de decisiones contribuye a que la responsabilidad quede tan diluida que, al final,  parece que no es de nadie. Pero es.  Cuando no se decide en tiempo y forma, no se justifican las decisiones o se usan criterios que no se adapten a nuestra realidad para decidir, la responsabilidad es del Estado. Cuando  los trámites se demoran, se paralizan mientras los pacientes esperan, la responsabilidad es del Estado. Cuando no siempre mandan los mismos criterios, cuando abundan las desprolijidades en el proceso de toma de decisiones, la responsabilidad es del Estado. Cuando no se crean mecanismos de acceso a las personas y se las acorrala, dejando la vía judicial o la de la solidaridad como única opción, la responsabilidad es del estado. Hoy podemos decir, aún con todo lo que se pueda haber avanzado que, en la ejecución, el sistema no es justo ni equitativo.
Muchas veces parece que hablamos entre sordos, cuando escuchamos que  nos dicen que el Estado no puede financiar lo inútil o innecesario…Y quién les está pidiendo lo inútil o innecesario? Lo que se pide es que se financien los tratamientos que cuentan con indicación médica, cuya pertinencia puede ser corroborada por otros especialistas. Lo que pedimos es que se de al paciente la oportunidad de demostrar la eficacia de un tratamiento. Lo que pedimos es que no se corten los tratamientos que si son efectivos…Parece que hablamos idiomas distintos. Nadie espera que el Estado financie lo inútil o innecesario. Nadie quiere que un paciente reciba medicación de la que no va a tener ningún beneficio.
Se nos habla hasta el cansancio de que lo que se pide pone en riesgo la sustentabilidad del sistema. Bien, este es uno de los elementos que integran las bases del sistema de salud, junto a la universalidad y la equidad. Los tres son principios importantes, sin embargo reciben distinto tratamiento. El artículo 44 inciso 2 de la Constitución, más allá de la organización legal del sistema, reclama que quienes carezcan de recursos suficientes, accedan a los medios necesarios para tratarse. En ese esquema, cuando un medicamento está autorizado para que acceda a el quien pueda pagarlo, es obligación del Estado proveerlo a quienes no puedan pagarlo. Esto no es voluntarismo, es el principio constitucional de equidad que debe orientar nuestro sistema de salud. Podremos tener las ideas más diversas, pero la norma máxima está allí para ser cumplida hasta el máximo de nuestras posibilidades. Nadie hasta ahora ha demostrado que atender este mandato implique necesariamente la quiebra del sistema. Seguramente cumplirla pueda requerir un esfuerzo material importante, pero es una discusión a dar el punto de hasta donde estamos dispuestos, como sociedad, a invertir en la salud y la vida de nuestros habitantes.
Años llevamos en esta prédica y nunca hemos logrado mover a la Administración un centímetro de su posición inicial, aunque lleve cientos de juicios perdidos, aunque gaste millones en pagar las condenas a suministrar tratamientos no incorporados.
Esta vez, los enfermos salieron de los expedientes y empezaron a contar sus historias, a mostrar sus rostros, a dejar de ser números y tener miradas, historias, familias. Y eso no les gusta, porque seguramente los enfrenta a la realidad de que las decisiones tienen consecuencias, más allá de los indicadores y las planillas, en seres de carne y hueso, como ellos mismos.  Entonces se enojan y dicen que son golpes bajos…y qué vergüenza siento cada vez que veo que esa es toda la lectura de la que son capaces.
Los pacientes, sus historias, no son golpes bajos…
Golpe bajo es otorgar excepciones discrecionalmente mientras hay pacientes en igual situación que están siendo desamparados.
Golpe bajo es dejar que la gente se deteriore y muera sin darle una respuesta.
Golpe bajo es pretender  pasar 3 artículos en la Ley de Presupuesto, para limitar ya no solo el acceso a la salud sino también el acceso a la justicia.
Golpe bajo sería que los legisladores aceptaran el mandato que reciben  del PE y se resignen a no defender, desde la ley, los principios en los que se fundan los valores  de nuestra sociedad.